Tras los hechos ocurridos en noviembre de 2019, el tribunal reprogramó para agosto el inicio del juicio oral. La causa, se quejan los querellantes, está marcada por el «abandono» del Ministerio Público y el temor de que se pueda invocar la Ley Naín-Retamal para justificar disparos contra la lideresa social.
Por Rene Martínez Rojas
El calendario judicial parece haberse detenido para una reconocida dirigente de Coquimbo. Porque lo que comenzó en noviembre de 2019 como un violento operativo policial en el marco del estallido social, se ha transformado hoy en una batalla legal contra el tiempo.
Es que luego de dos reprogramaciones recientes, el juicio oral finalmente tiene fecha para agosto. Sin embargo, para la víctima y su equipo jurídico, la sensación no es de alivio, sino de una «dilatación excesiva», cuenta Marcelo Gálvez, abogado de la Corporación 20 de Octubre, quienes junto al INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) sostienen la acusación.
«Hacia atrás tenemos seis años en donde hubo investigación, audiencias del juzgado de garantía, preparación del juicio oral, muy largo por lo demás, y todo lo que significó el hecho de que la fiscalía se saliera a pesar de la contundente prueba que existe al respecto. Y más allá de las razones de agenda que puede tener el tribunal, a la víctima esto le resulta una dilatación excesiva…», cuenta.
La soledad de los acusadores
Una de las particularidades más complejas de este caso es la ausencia del Ministerio Público, que decidió «no perseverar» en la investigación, argumentando una supuesta falta de antecedentes suficientes para acreditar los delitos.
Sin duda, una decisión que la defensa de la víctima califica de «carente de peso legal».
Para el abogado «es una sensación de abandono» y porque reconoce que «le preguntamos al Ministerio Público y tienen sus razones, pero no nos parecen de peso y que se ajusten a la ley para dejar sin acompañamiento una causa como esta. Y puede ocurrir, pues tiene la facultad de hacer lo que hizo, que es no perseverar. Sin embargo, eso tiene unas razones legales bien particulares y es que no se hayan reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación…».
Dice entender que «tampoco es una especie de carta abierta para que, si no quiere el Ministerio Público perseverar con algo, que lo haga, pero tiene que ser una decisión muy bien fundada, particularmente en una causa sensible y en donde existe una mujer víctima, dirigente social de la ciudad de Coquimbo y lideresa indígena acreditada por la CONADI».
La sombra de la «Ley Gatillo Fácil»
El caso no se limita solo a las agresiones físicas. Según Gálvez, para entender el fondo del ataque es necesario aplicar una mirada de «interseccionalidad».
Esto, porque «aquí se produjeron muchas vulneraciones que no tienen que ver solamente con los golpes o los disparos, sino también con la violencia psicológica y étnica ejercida por carabineros en contra de nuestra representada».
El juicio se dirige contra tres funcionarios (uno de ellos ya fuera de la institución) y los cargos son por presunto delito de tortura, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público.
Claro que el equipo jurídico no oculta su preocupación por el contexto legislativo actual, puesto que con la vigencia de la Ley Naín-Retamal existe el temor de que la defensa de los uniformados intente utilizarla como un salvoconducto para justificar el uso de armas de fuego contra la dirigente.
«Siempre existe la posibilidad, debido a que este es un caso en donde hubo un ataque muy violento hacia mujeres. Existe una víctima como tal en el juicio, pero no es la única, pues hubo más mujeres que fueron víctimas de esta acción de carabineros y todas ellas –tres en total-, fueron sindicadas como violentistas», advierte el abogado.
Explica que «a ellas se les inició un procedimiento por un supuesto maltrato de obra a carabinero, que entendemos es falso, y que se utilizó para encubrir en realidad el actuar de carabineros, que es lo que intentaremos probar en el juicio. Por lo tanto, si se les acusa de agresión, es muy probable que se intente utilizar la ley que se va a llamar ley gatillo fácil para justificar los disparos que recibió nuestra representada».
