La gente se queja que los ciertos servidores públicos no hacen bien su pega y cuando alguien exige a la contraparte que cumpla la Ley establecida y consecuentemente igualitaria para todos, pasa a ser enemigo del progreso… Yo estoy tranquilo porque no hemos hecho ni más ni menos que lo que corresponde. Allá los organismos que corresponda que se pronuncien. Esto ni es gusto personal. Al contrario, es contribuir a que las cosas se hagan bien en nuestro país para bien de todos…
Términos como éstos son los que responde el Seremi de la Vivienda Erwin Miranda, cuando se le toca el controvertido tema del Paseo Balmaceda, inversión de 70 millones de dólares de Neorentas para construir un mall en calle Balmaceda, sector La Pampa, en La Serena, donde antes estuvo un gran huerto de chirimoyos de la familia Stiepovich.
Desde la empresa, por distintos canales, explican una y otra vez que ellos han cumplido. Por el medio la controversia llega en una arista a la justicia y en otra a Contraloría. Ahora entonces, es materia de abogados los que también hacen su trabajo explicando a la prensa sus puntos de vista. En tanto, se esperan dictámenes claros y fallos concluyentes.
A más complejidad, también entraron a tallar vecinos del sector que han interpuesto otros recursos y acciones judiciales pendientes de ser resueltas.
En la última edición de Semanario TIEMPO aparece un nuevo reportaje para analizar en detalle, desde la génesis el proyecto ingresado el 3 de octubre de 2014 a la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Serena.
EX FISCAL ENRIQUE LABARCA
TIEMPO aborda en un recuadro lo referente a la «orden de paralización de obras», que fue noticia en su debido momento. Y explica lo sucedido:
Durante este tiempo la empresa ha utilizado todos los recursos posibles para sacar adelante su proyecto, incluyendo el trabajo del ex fiscal regional Enrique Labarca, quien está a cargo de una querella contra el seremi de Vivienda Erwin Miranda, pero que todavía no es formalizada por el Ministerio Público.
Ha habido también recursos de protección y actualmente enfrentan una denuncia presentada el 18 de agosto pasado por el abogado Cristian Alvarez Alquinta en representación de vecinos del sector.
Esta denuncia ante el Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena por infracción del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, acción que se encuentra recién en sus trámites iniciales, pero que ya adimitió el 21 de agosto la paralización y prohibición de recepcionar las obras. Este juicio está todavía pendiente, esperando resolución del pleno de la Corte de Apelaciones que permita continuar su tramitación o bien le quite sustento a la paralización ya decretada.
El 3 de octubre de 2014 se hizo ingreso del anteproyecto a la Dirección de Obras Municipales de La Serena.
Por esa fecha había perdido la vigencia legal de «calles proyectadas» que imponían restricciones a los dueños de los terrenos para que respetaran aquellas vialidades que solo estaban dibujadas en los planos de la ciudad. Entre ellas, la proyección de Avenida Estadio y calle Seminario, sobre las cuales finalmente se construyó el centro comercial.
Pero esas calles proyectadas retomaron vigencia con la ley Nº20.791 del 29 de octubre de 2014 (26 días después de presentado el anteproyecto). La duda surgió entonces sobre cuál ley es la aplicable, teniendo presente que el permiso de edificación fue otorgado el 2 de diciembre de 2014.
La empresa Neorentas argumentó que el proyecto brindaba una solución vial a la proyección de las calles, lo cual fue aprobado por un Estudio de Impacto Vial presentado al Ministerio de Transportes. Han pasado tres años. La edificación se encuentra con un 98% construido y en proceso de habilitación de las tiendas, Tottus, Homecenter, Sturbucks y McDonalds.
Según la agencia Extend -a cargo de las comunicaciones de Neorentas- ya se encontraría con la recepción de obras por parte de la municipalidad casi el 95% del edificio y con la expectativa de abrir a público entre febrero y marzo del próximo año.
Sin embargo, durante todo este tiempo se construyó una compleja historia con múltiples argumentos jurídicos, la intervención del Seremi de Vivienda Erwin Miranda, recursos de protección, una denuncia en el Juzgado de Policía Local (que habría accedido a paralizar las obras), además de anuncios de querellas e intervención de Contraloría.
Este último aspecto, al menos, parece estar resuelto con el oficio dictado por el contralor subrogante Daniel Fernández el16 de noviembre. Un «oficio de seguimiento» de las observaciones realizadas en junio de este año (Informe de Investigación Especial Nº235).
La Contraloría esta vez reiteró en el oficio que el permiso de edificación fue otorgado sin tener presente las proyecciones de Avenida Estadio y calle Seminario, señalando claramente que «resulta forzoso reiterar que la actuación del Director de Obras Municipales en orden a aprobar el anteproyecto (del Centro Comercial Paseo Balmaceda) y otorgar el permiso pertinente, no se ajustó a derecho por cuanto al momento de dar tales autorizaciones –esto es, una vez publicada la ley Nº20.791- el terreno al que se refiere se encontraba afecto a declaratoria de utilidad pública».
Acto seguido, el mismo órgano contralor reconoce que ya pasó el plazo de dos años para que la autoridad administrativa invalidara el acto ilegal, y en virtud del principio de seguridad jurídica, decidió «levantar la acción correctiva».
La empresa afirma que han actuado conforme a derecho ya que el propio Ministerio de Vivienda instruyó a los Directores de Obras Municipales con la circular (DDU 279) aprobar los proyectos que fueran presentados antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº20.791, sin la necesidad de materializar las calles caducas y no ejecutadas, (Av. Estadio y Seminario).