La encuesta en el domicilio de la autoridad regional fue calificada con daño máximo y abría la opción a un bono de $1,5 millones. Tras ser cuestionado por expertos en probidad, Pino aseguró que la gestión buscaba atender al sector y que solicitó anular la ficha para evitar «interpretaciones erróneas».
Por Joaquín López Barraza
Una Ficha Básica de Emergencia (FIBE) aplicada en el domicilio del delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino Fuentes, fue anulada siete días después de haber ingresado al sistema en estado «Terminada» y con la vivienda y sus enseres clasificados como «muy afectados», condición que abría la posibilidad de acceder a un Bono de Recuperación de hasta $1,5 millones tras el temporal de julio.
El episodio fue revelado por El Mostrador, medio que informó que la visita de los encuestadores fue gestionada ante la Municipalidad de La Serena por el jefe de gabinete de la repartición, Carlos Rodríguez. La encuesta fue respondida en el inmueble por la cónyuge del delegado, quedando registrada bajo el folio 03.04.007266 con un nivel de daño significativo que habilitaba la entrega de aportes estatales.
La versión
del delegado
Tras los cuestionamientos, el delegado presidencial Víctor Pino emitió una declaración pública en la que desmintió haber utilizado su cargo para obtener ventajas personales, asegurando que su propiedad efectivamente resultó anegada durante las lluvias del 18 de julio.
«En ningún momento he solicitado, dispuesto ni instruido gestión alguna para agilizar o influir en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) respecto de la vivienda habitada por mi familia. Desmiento categóricamente cualquier uso indebido de la función pública o búsqueda de privilegios en beneficio personal», aseveró la autoridad.
Respecto al rol de su equipo de confianza, Pino argumentó que la comunicación del jefe de gabinete con el municipio se realizó un mes después del temporal y a través de canales institucionales para reportar requerimientos de dos sectores de La Serena que no habían sido atendidos.
Asimismo, la autoridad justificó el motivo por el cual el trámite fue dejado sin efecto el 27 de agosto: «Considerando que el ingreso del instrumento respecto de mi vivienda en particular podía prestarse a interpretaciones erróneas o a un eventual conflicto de interés, pese al estado de afectación real de la propiedad y sus enseres, se solicitó de manera proactiva dejar sin efecto y anular dicho registro, declinando expresamente la percepción de cualquier tipo de beneficio, bono o ayuda estatal asociada».
Pese a emitir el comunicado por escrito, la controversia impactó la agenda pública del delegado. Durante la mañana de este lunes, Pino tenía convocada una pauta de prensa para encabezar fiscalizaciones en carnicerías de la zona en el marco de los controles previos a Fiestas Patrias; sin embargo, su asistencia fue cancelada a última hora.
«Bajo ninguna circunstancia puede recibir estos beneficios»
Más allá de la renuncia posterior al cobro de los fondos, la intervención del gabinete regional abrió un intenso debate institucional sobre el principio de probidad y el deber de abstención consagrados en la Ley N.º 18.575 y la Ley N.º 19.880.
Consultada por Diario La Región, la abogada y magíster en Derecho Público, María José Lira, advirtió que las autoridades del Ejecutivo están impedidas por norma de percibir este tipo de aportes directos.
«Una autoridad pública bajo ninguna circunstancia puede recibir estos beneficios de emergencia. Quienes ejercen cargos públicos solo pueden percibir beneficios regulados por ley de forma general, pero jamás ayudas que dependan de la voluntad del Ejecutivo del cual ellos mismos forman parte y representan en la región», explicó la especialista.
Lira enfatizó que la participación del equipo de confianza agrava el cuadro administrativo: «Que un funcionario de confianza haya solicitado realizar la ficha, que se haya respondido por la cónyuge de la autoridad regional y mantenerla vigente durante días constituye una omisión inexcusable al deber de abstención del Delegado Presidencial», quien ejerce la tutela jerárquica sobre organismos como MIDESO y SENAPRED.
Asimismo, la jurista remarcó que la cancelación del documento no elimina eventuales responsabilidades: «Que la ficha haya sido anulada no extingue la falta. La Contraloría ha determinado que la probidad se vulnera con la sola gestión orientada a obtener la ventaja, por lo que existen vías para perseguir sanciones que van desde la remoción por pérdida de confianza hasta una destitución formal vía sumario».
El caso deja acreditado que la casa de la autoridad permaneció ingresada durante una semana con el nivel de daño máximo antes de ser dejada sin efecto. Aunque Pino atribuye la anulación a un gesto proactivo para evitar suspicacias, en el ámbito administrativo resta por precisar por qué su equipo no previno la encuesta en la residencia del propio delegado antes de solicitar el operativo municipal.
