El pasado miércoles se concretaron los primeros despidos en el municipio de Coquimbo, y en una primera instancia fueron 211 funcionarios, cifra que se espera suba a unos 380. Hechos que han generado diversas reacciones, tanto de los mismos dirigentes como de las personas. Ahora, desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) señalan que no hubo un debido proceso y que el resultado podría ser lo contrario a lo que se busca, que es aliviar las arcas municipales.
Hasta 380 despidos se espera que ocurran en el municipio de Coquimbo, incluso los sindicatos de trabajadores afirman que podrían llegar a los mil. Si bien era una de las promesas del alcalde Alí Manouchehri, nadie se esperaba que fuera a los dos días de haber asumido.
En ese sentido, Clara Olivares, presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), aclara que están agrupados en la mesa sector público, del que sí forman parte los trabajadores de los municipios, «por lo que nos pusimos en contacto con los presidentes de los sindicatos de honorarios del municipio de Coquimbo y manifestamos nuestra opinión y apoyo a los trabajadores que han sido injustamente despedidos sin que haya existido un proceso».
«Nosotros no estamos haciendo defensas corporativas, en términos de que entendemos que hay personas que eran funcionarios fantasmas, que habían dobles sueldos, personas que se les pagaba y nunca fueron a trabajar, asesorías externas que ni siquiera eran conocidas en el municipio…», agrega.
Puntualiza en que «esas malas prácticas las denunciamos, pero acá el alcalde incumple promesas que le hizo a los sindicatos de honorarios, que era que no habría despidos masivos, que serían evaluados junto con ellos, pero a un día de asumir la autoridad edilicia no es posible que conozca el desempeño, la calidad del trabajo y la función que cumple cada uno de los despedidos, en donde incluso en muchos de los casos las jefaturas no sabían que funcionarios a su cargo estaban siendo despedidos».
«Frente a esta grave vulneración de derechos laborales, era imposible que no concurriéramos en apoyo a los sindicatos y a los trabajadores», añade.
Consultada si manejaban algunas opciones para revertir los despidos, comenta que «para hacerlo se requiere primero que el alcalde se asesore de algún abogado que sepa derecho administrativo y que le explique que esto le va a salir más caro, y que va a hundir más el presupuesto de la municipalidad, porque implica que se presentarán demandas laborales y que deberá pagar no solo vacaciones proporcionales, indemnización por los años de servicio, sino que además va a tener que pagar todas las cotizaciones de aquellos trabajadores que llevan incluso 20 años trabajando…».
Entre los fundamentos de sus opiniones, la dirigente señala que «dicen que es para sanear el prepuesto municipal, pero lo que está haciendo es profundizar la deuda del municipio, no será inmediato, porque los tribunales labores se demoran 4 o 5 meses, esperamos que haya una mayor celeridad, pero en la cantidad de demandas que se van a presentar, esperamos que se resuelvan con la mayor prontitud de parte de los tribunales laborales y la Inspección del Trabajo».
«Algunos abogados se han comunicado con nosotros para usarnos como vínculo con los trabajadores y los presidentes de los sindicatos, para ponerse a disposición y poder ayudarlos en la presentación de estas demandas», dice.
Precariedad laboral del
trabajador en el Estado
La dirigente advierte, además, de la precariedad de los trabajadores del Estado, ya que esto se da incluso cuando hay cambios de gobierno, «si bien los municipios forman parte del poder descentralizado, se financian con recursos del Estado, y allí lo que queda en evidencia es la precariedad del trabajador a honorarios, que ahora en el municipio de Coquimbo son tomados como de tercera o cuarta clase, que no tiene derechos labores, y eso no es así. Diría que la precariedad del trabajo es un tema que la municipalidad de Coquimbo tiene que revisar», concluye.
