Al menos seis funcionarios han demandado a la gobernadora regional Krist Naranjo por despido injustificado o por vulneraciones a sus derechos laborales, entre ellos dos trabajadores que en su momento fueron cercanos a la máxima autoridad, como Alejandra Casanova Henríquez, quien era la jefa de la División de Planificación, y Boris Muñoz, asesor jurídico del organismo. «Las decisiones que ha tomado la gobernadora están afectando directamente al patrimonio del Gobierno Regional» afirman desde el CORE.
Desde que asumió, la gobernadora regional Krist Naranjo ha tenido dificultades al momento de armar sus equipos cercanos, algo que ha quedado en evidencia con la rotación de periodistas, del administrador regional y de los distintos jefes de direcciones, en donde algunos han sido despedidos y han decidido acudir a la justicia por vulneración de derechos labores.
En ese sentido, entre ellos se encuentra Emilio Contador, quien en octubre del 2021 hizo una denuncia por despido lesivo de derechos fundamentales en contra del Gobierno Regional, en donde había ingresado al servicio el 3 de diciembre de 2018, a fin de cumplir funciones como profesional del Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas.
Otra de las funcionarias que decidió denunciar fue Marcela Torres Gómez, quien era jefa del Departamento de Programas y Proyectos, e hizo denuncia en procedimiento de tutela laboral, por vulneración de Derechos Fundamentales dentro de relación laboral vigente y daño moral.
Posteriormente, en octubre del 2022, Boris Muñoz, quien se desempeñaba como asesor jurídico del Gobierno Regional y uno de los cercanos a Krist Naranjo, tras su desvinculación decidió denunciar al servicio.
«Se me separa de mi empleo de una manera irregular, que no atiende a las formas jurídicas consagradas en la ley y materializando un acto que transgrede mis derechos y discrimina. Generándome diversos perjuicios, incluso morales, al haber trascendido mi desvinculación asociada a una supuesta falta de transparencia o de oficios en una relación contractual del Gobierno Regional que no dependía absolutamente de este profesional, sino por el contrario, la relación era llevada adelante por la propia Gobernadora, Jefe de Gabinete y Administrador Regional, de manera que no me es atribuible lo que aparece en la prensa y que me representara verbalmente el sr. Administrador Regional con fecha 15 de junio del año 2022», señala en su demanda.
Otras de las cercanas a Naranjo y que decidió denunciar es Alejandra Casanova, otrora jefa de la División de Planificación.
Por otro lado, Eduardo Torres Plaza, conductor de la gobernadora que fue desvinculado tras revelar una serie de malos tratos y funciones impropias, actualmente tiene una causa vigente y tramitándose en la justicia por despido injustificado.
«Estas decisiones
estan afectando
al patrimonio del
Gobierno Regional»
Cristian Rondanelli, consejero regional por el Choapa, respecto al reingreso del conductor Juan Francisco Fernández, dictado por la justicia, señala que «un nuevo revés sufre la gobernadora regional en su manera de actuar con los funcionarios, y esta vez un tribunal dicta finalmente la reincorporación del chofer despedido injustamente, y valoro enormemente esta decisión porque la verdad es que él no tiene por qué pagar los platos rotos de los arranques que pueda tener la gobernadora dependiendo de cómo se levantó».
«Así como ha ocurrido con jefaturas o diversos funcionarios en el Gobierno Regional, por mi parte estoy muy contento de que se haga justicia, se van a tener que reembolsar los sueldos que dejó de percibir», añade.
Recalca que «esto es un tema para que la gobernadora finalmente se dé cuenta de lo que equivocada que ha estado en todo su periodo al mando de nuestra región de Coquimbo, en donde los maltratos han sido constantes contra los funcionarios de nuestro Gobierno Regional».
Por su parte, la consejera Ximena Ampuero sostiene que «la justicia dio su veredicto y, frente a eso, el chofer, con todo el derecho que tenía de poder realizar estos actos administrativos a través de Contraloría, lo logró, porque sabía efectivamente que su despido no estaba dentro de la ley y los derechos que tenemos los funcionarios de poder apelar a malas decisiones que tienen personas de bajo conocimiento en lo que respecta a la protección y los derechos de los trabajadores».
En esa línea, el consejero Javier Vega comenta que «es lamentable que nuevamente como Gobierno Regional nos veamos involucrados en este tipo de situaciones, ya que no es primera vez que se pide el reintegro de este trabajador, creo que habla de una mala administración que se está haciendo por parte del Gobierno Regional, que finalmente repercute en una alteración del presupuesto de la región de Coquimbo respecto al pago de indemnizaciones».
«Las decisiones que ha tomado la gobernadora están afectando directamente al patrimonio del Gobierno Regional, ya que no solo en este caso se han tenido que pagar indemnizaciones, y además se pide el reintegro con el pago del sueldo de los meses no trabajados, recursos que salen del Gobierno Regional», cierra.
