Pronto a cumplir un mes como delegado presidencial, el ex seremi de Gobierno cuenta que el trabajo ha sido intenso, pero que su relación con la gobernadora regional «creo que es buena». De la marcha del 18 de octubre y el actuar de la PDI, dijo que «los protocolos se cumplieron», y del Papayagate fue claro: «Hasta el momento hay una condena política, mediática y social, pero todavía no tenemos ninguna sanción y formalización»
No cumple el mes como delegado, pero Ignacio Pinto dice sentirse «cómodo» y «muy bien recibido».
Quizás el tiempo no alcanza para realizar una evaluación acabada, aunque sí sirve para proyectar lo que quiere dejar como impronta: «mayor agilidad a todo lo que sea proyecto de inversión y reactivación económica», responde en entrevista con Diario La Región.
Por lo pronto, semanas de planificación para los meses que le quedan, «de trabajo en equipo, y existe un muy buen espíritu de culminar bien el Gobierno, siempre respondiendo a las urgencias que tiene la región y al plan de gobierno que debemos dar término».
Las urgencias como país son claras: seguridad pública y salud. Y en la región, «el tema del agua, desde el punto de vista productivo y para consumo que ya es dramático en algunos sectores de las provincias del Choapa y Limarí, y que son urgencias que marcan esta última etapa. Pero tampoco nos debe desviar de las obras de infraestructura que se deben dar inicio como son los hospitales de La Serena y Coquimbo».
¿Se ha encontrado con algún problema puntual en este tiempo?
«A nivel de trabajo no lo identificaría como algo particular, puesto que todos los días se están enfrentando y resolviendo problemas. Pero problemas puntuales, la verdad que no, más bien situaciones personales y familiares que se pueden generar por la ausencia del papá en la casa».
¿Cómo ha sido la relación con la gobernadora regional?
«Ha existido buena comunicación y diálogo, además que los equipos, tanto de los servicios públicos como del Gobierno Regional, han tenido una continua retroalimentación. Pero más allá de la relación política que se puede establecer, en función de los proyectos que están en cartera, los equipos sectoriales puedan ir avanzando, y eso ha sido la disposición que hemos manifestado con la gobernadora».
Se ha dicho que el cargo del delegado presidencial es decorativo, que no tiene peso, ¿tan así?
«Sería un error pensar de esa manera. Es una comparación menor, pero el delegado tiene a cargo la supervisión de los servicios públicos de la región, y si escojo uno, como el ministerio de Vivienda por ejemplo, ellos tienen un presupuesto asignado de varios millones, así que la inversión pública que está detrás del delegado es gigante e incluso mucho mayor del que pueda tener el GORE. Más allá de eso, toda la responsabilidad que tiene en términos de seguridad pública, en la planificación de la región y lo que tiene que ver con la respuesta a la emergencia, creo que en ningún caso lo hacen una figura decorativa».
¿Qué opinión tiene de la conmemoración del segundo año del estallido social?
«De nuestra parte estamos colaborando en todo lo que pueda avanzar. Respecto a los hechos de vandalismos ocurridos en la semana, estamos presentando querellas, estamos con evidencias y medios de pruebas suficientes para dejar a los delincuentes en la cárcel. No queremos que exista impunidad…».
¿No existe también impunidad en la muerte de Romario y en las lesiones graves que sufrieron Rolando Robledo y César Véliz?
«Creo que los procesos en la justicia son de un poder del Estado, al que no puedo hacer referencia con claridad si es que existe impunidad o no…
Pero en los otros casos sí habló de impunidad…
«…Pero estamos trabajando con todas las fuerzas para que no exista esa sensación de impunidad. No dependerá de nosotros, pero debemos aportar todas las pruebas que sean suficientes y trabajar con las policías y con el Ministerio Público de la misma manera. Entonces, si después de eso se genera todavía una sensación de impunidad, insisto, es una respuesta que les corresponde a los tribunales de justicia. No obstante, sí nos importa respetar el estado de derecho y eso implica que los poderes del Estado deben seguir cumpliendo sus funciones. Y claro que son casos dolorosos para la región, para sus familias, y lo que corresponde es que los procesos avancen y que se haga justicia, que exista reparación para sus familias».
¿Hubo un protocolo desmedido en el actuar de la PDI en la marcha del 18 de octubre?
«Revisamos la situación, tuvo revuelo mediático lo que sucedió, pero existen grabaciones que muestran que lo que hace la PDI es defender su cuartel, y los protocolos indican que no se ataca directamente a las personas, sino que se dispara en dirección hacia abajo, que no hay perdigones, sino balines de goma…
Pero los balines de goma igual hacen daño y al rebote salen con mayor fuerza.
«Me quedo con el resultado de esa situación, por cuanto tenemos el cuartel de la PDI, el hospital de La Serena y personas que estaban haciendo daño a un edificio institucional que presta ayuda a cientos de personas todos los días. Entonces disuadir a esas personas, cuyo objetivo se logró, fue actuar de manera correcta. Y quienes digan que eso no fue así, más allá de hacerlo en medios de comunicación, que lo hagan en los canales que corresponda. Pero estamos tranquilos, dado que los protocolos se cumplieron y afortunadamente no hubo mayores complicaciones en las personas».
¿Lo del Papayagate es el
punto negro de este gobierno?
«Tuvimos un gobierno muy exigido, pese a que tuvimos un estallido social y delictual que saqueó e incendio supermercados, donde personas perdieron la vida, un toque de queda con el Ejército en las calles, y además una pandemia desconocida y que acabó con muchas vidas humanas. Así que concentrarnos en una investigación que tuvo un revuelo mediático y que desde el punto de vista judicial no está resuelto, yo esperaría y sería más cauto. Hasta el momento hay una condena política, mediática y social, pero todavía no tenemos sanción y formalización».
