Indagan presunción de fraude en la Junta de Vigilancia Río Elqui por eventuales irregularidades en operaciones de valores especulativos

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La investigación en curso estaría dirigida contra el presidente del organismo, Pelayo Alonso.
La denuncia habría sido interpuesta por dirigentes de la Asociación al detectar movimientos de dineros de alto volumen: $ 600 millones.
Estos se habrían realizado sin acuerdo del resto de los miembros de la Junta de Vigilancia.
Pericias podrían demorarse seis meses, o más por peticiones de prórrogas o presentación de medios probatorios, además de una serie de diligencias que se determinen durante el proceso.

Un expediente administrativo abierto y la preparación de los pasos para iniciar una investigación, está desarrollando por estos días la Dirección General de Aguas (DGA) de la región de Coquimbo contra la Junta de Vigilancia del Río Elqui (JVRE), por eventuales irregularidades en una presunta negociación incompatible, luego de la utilización de recursos de esa organización en mercados de valores especulativos.

Ello, posterior a la acción que realizó la División Legal de la DGA en Santiago, que acogió un recurso de reconsideración solicitada por unos denunciantes, luego que la Comisión Revisora de Cuenta de la JVRE denunciara que el presidente de la entidad, Pelayo Alonso, usara sin permiso más de 600 millones de pesos en inversiones y operaciones de trader bajo la sociedad Cronos.

Cronología

Las presuntas irregularidades ocurrieron en 2018, sin embargo, el 18 de julio en 2019 se ingresa una denuncia a la DGA Nacional, consta en el memorando. En ella se explica, en siete puntos, las razones de la acusación: contratos celebrados con la empresa inversiones BEFX SpA; contratación de Sebastián Egaña y la Sociedad de Administración y Gestión Cronos SpA, esta última tiene como socios a la Sociedad de Rentas e Inversiones Patagual SpA, cuyo representante, presuntamente, era o es Pelayo Alonso, y la Sociedad de Rentas e Inversiones Atenea SpA, cuya representante es Cecilia Concha.
Otros puntos de la denuncia serían que los actos representarían negociación incompatible de acuerdo a los estatutos de la Junta de Vigilancia, y tampoco se habría dado cuenta con una auditoría forense independiente que lograra establecer si dichos actos han significado beneficios para la Junta, además que no se conocen las razones técnicas por las cuáles se decidió contratar a las sociedades antes mencionadas.

En una reunión de la JVRE, el 20 de julio de 2019, Alonso sostuvo que un informe de auditoría independiente «concluyó que todas las inversiones se ajustaban a los procedimientos legales, estatutarios, contables y financieros de la Junta de Vigilancia». Sin embargo, para los conocedores del caso el problema es que los recursos transados no aparecen y nunca tuvieron respaldo.

El numeral 10 del Código de Aguas establece como «deber y atribución de la Junta el someter a la aprobación de la junta general ordinaria el presupuesto de entradas y gastos ordinarios y extraordinarios, fijando separadamente el monto de unos y otros con su correspondiente reajustabilidad».  Dado este párrafo, los denunciantes nunca supieron de las transacciones realizadas por Alonso y sus sociedades, sino que mediante la presión del resto de la Junta de Vigilancia.

El 9 de agosto de 2019, la DGA regional da un plazo de 10 días para que Alonso dé a conocer sus descargos de la denuncia. El 29 de agosto de 2019 se hicieron los descargos ante la DGA, sosteniendo que la denuncia carecía de los requisitos mínimos y que el informe de la Comisión Revisora no da cuenta de abuso o falta grave.

Así, el 28 de octubre de 2019, la Unidad de Fiscalización de la DGA de la región declaró no admisible la solicitud de fiscalización, sin embargo, el 4 de noviembre del mismo año, los denunciantes solicitan la suspensión del acto, a través de un recurso de reconsideración.

Finalmente, el 9 de junio de 2021 la División Legal de la DGA acoge el recurso de reconsideración y anula la inadmisibilidad anterior.

«Hubo una denuncia que se presentó contra la Junta de Vigilancia del Río Elqui, donde en su momento no fue acogida. En este caso, la División Legal de Santiago de la DGA decide que sí se acoge el recurso de reconsideración solicitada por el denunciante, y nos instruye, como dirección regional, acoger la solicitud que se hizo de iniciar la investigación, y se hace una serie de trámites para llevar a cabo esta indagación de carácter financiero», dice Cristóbal Juliá, director regional de la DGA, que durante el periodo de tramitación aún no asumía el cargo.

Respecto a los plazos, indica que si bien «son acotados», dependerán de una serie de aspectos que tienen que verse en el proceso, como la eventual presentación de prórrogas o la presentación de medios probatorios, además de una serie de diligencias que se determinen durante la investigación. «En términos legales, el Código de Aguas establece las investigaciones en un plazo de seis meses (…). Por ahora, recién estamos trabajando en la elaboración de la resolución para analizar todos los antecedentes del expediente e iniciar la investigación, aún no se inicia la investigación de parte de nosotros», agrega.

De todas formas, Juliá confirma que todos los involucrados ya fueron notificados, sin embargo, precisa que los denunciados interpusieron un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la resolución de la DGA que acogió la denuncia: «eso no impide en que nosotros podamos continuar con la tramitación administrativa que llevamos a cabo como dirección regional, pueden ser paralelos los procesos», menciona.

Consultado al presidente de la JVRE, Pelayo Alonso, éste confirmó no solo la existencia de la denuncia, sino que también la ejecución de algunas operaciones, aunque mantuvo que no se encontraba en «condiciones» para dar declaraciones al respecto.
«En este momento se está resolviéndose y prefiero no emitir juicio, y no pronunciarme en aquello», sentenció.

Fuentes cercanas al tema, nos explicaron que los directores de las Junta de Vigilancia han afirmado que esos dineros pudieron haber sido usados para la compra de criptomonedas, en las que en pocos días después de los movimientos de este sistema, el monto invertido prácticamente se habría duplicado. Alonso fue tajando en señalar que no hay tal.

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