Una tensa jornada del juicio oral por el presunto fraude al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla estuvo marcada por las declaraciones de la exfuncionaria Ludy Corvalán, quien situó antecedentes de las irregularidades al menos desde 2015, y de la comisaria de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), Marcela Gómez, que detalló la ruta de pagos investigada y un perjuicio económico que superaría los $790 millones.
Por: Valentina Echeverría O.
Uno de los puntos abordados durante la audiencia fue el relato de Ludy Corvalán, exfuncionaria de la corporación y encargada de una investigación interna iniciada en 2022 tras una denuncia anónima, ingresada a Contraloría.
Según declaró ante el tribunal, al ampliar sus indagatorias aparecieron antecedentes que se remontaban desde al menos 2015 y que evidenciaban un aumento de casos de boletas ideológicamente falsas en el año 2018, pese a que la actual investigación penal solo abarcó los años 2020 y 2021.
Corvalán también se refirió a facturas que, según declaró, presentaban inconsistencias en sus registros y numeraciones. La exfuncionaria sostuvo que algunas de ellas no aparecían reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, antecedentes que fueron incorporados a la investigación interna.
La exfuncionaria además describió el procedimiento administrativo que debía seguir una prestación de servicios antes de ser ingresada al sistema Minerva, indicando que el proceso contemplaba una serie de etapas y validaciones internas, partiendo por una orden de trabajo y la revisión de distintas jefaturas.
En ese contexto, Corvalán también sostuvo que durante la pandemia se flexibilizaron diversos controles internos debido a la alta necesidad de personal de la salud y que gran parte de la corporación operó bajo modalidad de teletrabajo, contexto que, según declaró, coincidió con un aumento en la cantidad de boletas ideológicamente falsas y una menor fiscalización de algunos procedimientos habituales.
Defensa cuestiona período investigado
Los antecedentes expuestos por Corvalán fueron recogidos posteriormente por la defensa de Nicole Cadena y Cristian Muñoz. Tras finalizar la audiencia, el abogado, Pedro Orthusteguy protagonista de varios de los intercambios y objeciones que marcaron la jornada, sostuvo que la declaración reforzaba la tesis de que los hechos investigados tendrían un origen anterior al período actualmente abordado por la Fiscalía.
«Hoy día se nos dijo que esto venía ocurriendo desde el año 2015, es decir mucho antes de lo que otros acusados habían señalado anteriormente», afirmó el defensor, agregando que ello coincidiría con versiones entregadas previamente por otros imputados respecto de hechos ocurridos antes de 2020.
El abogado también cuestionó que la investigación penal se haya concentrado en los años 2020 y 2021, pese a que durante el juicio han surgido referencias a situaciones previas. En esa línea, sostuvo que «otro elemento muy importante es que la Contraloría remitió a la Fiscalía Local para que se investigara el no pago de impuestos que habrían sido retenidos por la Corporación Gabriel González Videla por más de $2.300 millones y tampoco hay respuesta».
PDI y millonario perjuicio
Luego de Ludy fue el turno de la comisaria, Marcela Gómez, quien expuso parte de la investigación policial desarrollada desde 2022. Uno de los antecedentes más relevantes que presentó ante el tribunal fue la estimación del perjuicio económico atribuido al caso.
La funcionaria explicó que un peritaje contable realizado por la Policía de Investigaciones estableció que «el perjuicio para la Corporación Municipal de González Videla era de un monto de 749 millones 570 mil pesos aproximadamente para los años 2020 y 2021», considerando los pagos asociados a las 16 personas que habrían emitido boletas por servicios no prestados.
A ello se sumaron otros $41 millones vinculados a tres personas que sí trabajaban en la corporación, pero que también hicieron boletas por servicios no prestados, elevando el monto total a cerca de $790 millones.
Otro de los antecedentes expuestos por Gómez fue la declaración de Silvia Bastías, una de las personas investigadas en la causa. Según relató, Bastías señaló que comenzó a recibir depósitos en su cuenta durante 2020 y que posteriormente transfería gran parte de esos recursos.
«En la primera oportunidad dice que la señora Bélgica la acompañó al banco a hacer el retiro de $3 millones aproximadamente, de los cuales le dijo a la señora Silvia que ella tenía que quedarse con $450 mil», declaró la comisaria.
La jornada avanzó entre constantes objeciones, aclaraciones solicitadas por el tribunal y extensos contrainterrogatorios que se prolongaron durante gran parte de la audiencia. En una sesión donde el debate se centró tanto en los antecedentes expuestos como en los límites de las investigaciones realizadas por la corporación y la PDI.
