El seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, repasa el estado de las emergencias en sectores críticos, adelanta el retorno del Serviu en la reparación de los pavimentos urbanos y proyecta la multimillonaria cifra que requerirá la vialidad en la zona.
Por Joaquín López Barraza
Con este panorama y tras el paso de las lluvias, ¿se puede cuantificar un costo estimado de la reconstrucción regional?
En materia habitacional no podemos dar una cifra hasta cerrar el catastro de las fichas FIBE. Pero en vialidad urbana, colectores secundarios y proyectos de mitigación, estamos hablando de un estimado cercano a los $130.000 millones de pesos.
Por esta urgencia, a nivel nacional el Ministro solicitó un aumento del 29,5% en el presupuesto de la cartera. Necesitamos recursos para responder rápido a la crisis vial y a la relocalización de familias, sin descuidar los proyectos habitacionales regulares que cientos de familias llevan años esperando.
Tras el evidente desgaste de las calles, ¿quién asumirá administrativamente la reparación del pavimento urbano?
Por años la unidad técnica de los pavimentos fue Serviu, pero en el periodo de la exgobernadora Krist Naranjo esa labor se traspasó a los municipios.
Las municipalidades hoy tienen un desgaste enorme y carecen de la capacidad técnica especializada. Tras reunirnos con el gobernador Cristóbal Juliá, acordamos con el Consejo Regional que esa responsabilidad vuelva a ser del Serviu.
Ahora estamos a la espera de una transferencia de recursos de emergencia del GORE para tapar hoyos y eventos de forma inmediata, y el próximo año retomaremos un programa regular de mantención de calzadas.
En esa línea, ¿cómo se solucionarán los anegamientos sistemáticos y las obras pendientes en Avenida Cuatro Esquinas?
Para el tramo entre Ruta 5 y Balmaceda ingresaremos las bases de licitación a Contraloría para iniciar obras el próximo año. En paralelo, estamos haciendo las reparaciones en el tramo entre Ruta 5 y Avenida del Mar, donde la administración anterior hizo mal las cosas: dejaron los colectores de aguas lluvias sin conexión a un colector primario, por lo que la vía se inunda desde el minuto que se entregó. Estamos trabajando en hacer esa conexión definitiva para evitar más anegamientos.
Pasando a la afectación de los hogares, ¿cuál es la magnitud real de los daños en las viviendas?
Hasta el día de hoy existen aproximadamente 65.000 fichas FIBE aplicadas a nivel regional. De esas, más de 5.000 están categorizadas con daños graves (categorías 4 y 5).
Eso significa que debemos realizar 5.000 visitas a domicilio para verificar si el daño coincide con lo expuesto. La tendencia histórica nos dice que cerca de un 30% realmente corresponde a daños graves.
A nosotros nos perjudica mucho que continúe aplicándose la FIBE, porque retrasa el cierre de la Ficha 2, que es la herramienta necesaria para cuantificar cuántas viviendas califican para los programas del Minvu.
Uno de los nudos críticos está en Islón y Cruz de Cañas. ¿Qué medidas definitivas tomarán en esas zonas de inundación y qué pasará con las familias?
Efectivamente, son de los sectores más conocidos, junto con zonas rurales complejas en Canela, como Huentelauquén. En Islón estamos trabajando en un sistema de relocalización para unas 40 o 50 familias.
A diferencia de Cruz de Cañas, Islón sí tenía autorización para habitar luego de que hace tres años se instalaran gaviones de mitigación.
Lamentablemente, esas obras no funcionaron, por ende, ya estamos solicitando categorizar a Islón como una «zona roja» con prohibición total de construcción. Para el terreno que quede libre, la idea es convertirlo en un parque inundable para erradicar el problema de raíz.
Mientras se concreta esa relocalización, ¿cómo se apoyará a los afectados?
Estamos generando, en los casos más extremos, subsidios de arriendo directo de hasta $450 mil pesos, los cuales están próximos a ser entregados. Tendrán vigencia hasta diciembre, con opción a prórroga por un año. La reubicación final será mediante subsidios DS49 o adquiriendo terrenos propios del Serviu para trasladarlos.
¿Qué ocurre con la entrega de viviendas de emergencia en los sectores con alta presencia de loteos irregulares?
Ese es un punto muy complejo, porque son familias que no son dueñas de sus terrenos y sus casas no existen legalmente en la Dirección de Obras Municipales.
Para las viviendas de emergencia —que se financian vía Senapred a través del municipio— no podemos entregar la ayuda por rol de propiedad, porque sabemos que en un solo terreno pueden habitar hasta tres o cuatro familias allegadas.
Lo que hacemos es analizar los núcleos mediante el Registro Social de Hogares para focalizar la entrega por grupo familiar y jefe de hogar. Tenemos que hacer excepciones para no dejar a nadie atrás.
¿Cómo resistieron las lluvias los proyectos habitacionales entregados recientemente en la región?
En general actuaron de muy buena manera y no tuvimos daños estructurales en viviendas. Sin embargo, por la cantidad de agua sí se produjeron socavones en muros de contención y daños en pavimentos, especialmente en proyectos de Illapel y en Chuchiní (Salamanca).
