Por encubrir el delito se querellan contra amigos de imputado en muerte de Tía Jenny

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De acuerdo al abo-gado José Miguel Riquelme, representante de la familia de la víctima, dos de los acompañantes que venían de la discoteca Kamikaze el día del accidente se concertaron con el propósito de ocultar lo acontecido, llamando a la grúa para retirar el automóvil del sitio del suceso.

Un nuevo flanco se abre en el caso de la Tía Jenny, guardia de seguridad de la discoteca Kamikaze, que falleció la madrugada del pasado sábado 11 de marzo cuando fue impactada por un jeep que la colisionó por alcance en la Ruta 5, a la altura del Puente La Garza, mientras se dirigía a su casa luego de una ardua jornada laboral.

La mujer era ampliamente conocida en el puerto y su deceso causó impacto en la comunidad, sobre todo luego que salieran a la luz las circunstancias en las que se produjo el accidente. Y es que el automóvil que la embistió era conducido por un joven de 22 años, quien había salido del mismo recinto de entretención en el que trabajaba la víctima y que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Posterior al suceso, el chofer del vehículo en el que también se trasladaba su grupo de amigos, huyó del lugar sin prestar ayuda, constituyéndose así un segundo delito. Por estos cargos, en primera instancia fue formalizado y puesto en prisión preventiva, pero por peligro de fuga, lo que le permitió modificar la cautelar por arresto domiciliario.

Sin embargo, con la representación del abogado José Miguel Riquelme, la familia de la trabajadora apeló, y tras manifestaciones y después que el fiscal dijera en audiencia que habían surgido nuevos antecedentes que incluso podrían dar cuenta de un homicidio, se dictaminó que el imputado pasara a prisión preventiva efectiva por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad.

¿Más responsables?

En principio, la querella del abogado Riquelme iba sólo dirigida hacia el conductor del automóvil, el joven de iniciales A.R. No obstante, tras tener acceso a la carpeta investigativa, pudo analizar las declaraciones de los testigos y se percató de que existía «un evidente encubrimiento» del delito, en el que incurrieron dos de los amigos, acompañantes del imputado. Se trata de la joven Y.C., y del sujeto F.A., quienes se quedaron en el automóvil tras atropellar a la mujer, luego que los otros cuatro ocupantes -incluido A.R.- se retiraran del lugar a bordo de un Uber.

Según consta en la carpeta investigativa, ambos pasajeros del jeep, teniendo conocimiento de lo acontecido con Jenny Rodríguez, realizaron acciones tendientes a ocultar y proteger al conductor que iba bajo los efectos del alcohol.

La joven habría sido quien llamó a la grúa para retirar el automóvil, supuestamente mintiendo respecto a las causas del por qué requerían los servicios, pues manifestó que habían colisionado con un poste, por lo que el jeep quedó con problemas mecánicos. Esta declaración, según la tesis de la parte querellante, la habría efectuado para encubrir al autor material de los hechos y para ocultarle lo ocurrido al dueño de la grúa.

La participación de F.A. también habría ido dirigida al encubrimiento. Él, además de respaldar lo sostenido por la joven frente al trabajador, fue quien realizó el pago vía transferencia bancaria, una vez que el testigo se llevara tanto el vehículo como a los dos jóvenes hasta la casa del imputado, donde él ya se encontraba desde hace algún rato.

Ampliación
de querella

Con estos antecedentes en mano, ayer por la tarde el abogado Riquelme realizó una ampliación de la querella, incluyendo a los dos acompañantes que orquestaron y materializaron el retiro del jeep.

«La información que tenemos ahora, y a la que no teníamos acceso anteriormente, nos permite concluir que existen más responsables en este lamentable hecho que termina con la vida de Jenny Rodríguez. En tal sentido, esta parte considera que debemos ampliar la querella criminal apuntando a la participación de Y.C. y F.A., por su calidad de encubridores del delito de manejo bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte», puntualizó el profesional.

Según explica Riquelme, lo que debiese suceder ahora es que el Ministerio Público solicite una audiencia al Juzgado de Garantía de Coquimbo para efectos de formalizar cargos en contra de los dos querellados.

«En la práctica, el nivel de reproche en nuestra legislación es mucho menor respecto de quien es cómplice y de quien es encubridor, bajando en uno y dos grados respectivamente las penas en relación al autor del delito», finalizó el abogado.

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