Para los abogados querellantes lo que en realidad se busca «es entregarle más beneficios a la defensa, porque no existe motivo legal para postergar tanto la audiencia», aclaró la abogada Adriana Rojas.
Por considerar que el Ministerio Público no puso a disposición todos los antecedentes de la carpeta investigativa, este lunes fue aplazada por segunda vez la audiencia de preparación del juicio oral que busca responsables en la muerte de Romario Veloz, hecho ocurrido en octubre de 2019 en el contexto del estallido social.
Poco más de una hora se tomó el magistrado Carlos Jorquera para resolver aplazar hasta el 22 de agosto la audiencia, que a juicio de la abogada e integrante de la Corporación 20 de Octubre, Adriana Rojas, deja de manifiesto que «el Estado de Chile una vez más está incumpliendo con su deber de investigar y juzgar de manera oportuna crímenes de estas características, como son las graves violaciones a los Derechos Humanos. Creemos que el tribunal no está viendo la prioridad que corresponde a este tipo de juicio, donde además estamos siendo permanentemente observados por organismos internacionales».
Recordar que en la audiencia de ayer en contra del capitán de Ejército José Faúndez, imputado por los delitos de homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, se encontraba Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, «entendiendo que se trata de una causa de Derechos Humanos, pero el tribunal insiste en que no es así, o que al menos no tiene una preferencia por tener esta categoría, y eso nos preocupa», dijo Rojas.
Otra causa esos días
Si bien una audiencia de preparación se puede suspender en más de una oportunidad, «no suele ser común, y aunque puede ocurrir, el tribunal tiene que disponer de las fechas más cercanas y, aun así, teniendo una más pronta, decide establecer que la audiencia será el 22 de agosto, para, en realidad, entregarle más beneficios a la defensa, porque no existe motivo legal para postergarla tanto».
Había fecha para el 3 y 4 de agosto, según lo que se planteó en el tribunal, «pero el juez la definió para el día 22 y se sigue dilatando, lo que de verdad nos preocupa, dado que en octubre se cumplirán tres años del asesinato de Romario Veloz».
Respecto a los argumentos entregados, la defensa de Faúndez planteó que tenían juicio en otra causa los días 3 y 4 de agosto, «y que por ese motivo debía correrse la audiencia, y ese no es un motivo legal. Se posterga simplemente porque la defensa tiene otro juicio, cuando son cuatro los abogados y aún así lo entregan como un argumento para poder aplazar. En ningún caso Faúndez se iba a quedar sin defensa, así que ese argumento que haya sido considerado por el tribunal solo da cuenta de que esto es dilatorio, incluso sin motivo legal».
En las víctimas, como la madre de Romario, Mery Cortez, además de Rolando Robledo y César Véliz, sobrevivientes de aquella jornada, existe una rabia creciente y justamente dice relación con la búsqueda de justicia.
«Hemos visto las obstrucciones e intervenciones de parte del Ejército, que tiene un gran poder en el país, y hoy los tribunales nuevamente caen en el juego de la defensa de seguir dilatando la causa, y esto genera molestia. Lamentablemente los compromisos que Chile ha suscrito en esta materia no están siendo cumplidos y eso nos preocupa».
Disconformidad
La bogada Adriana Rojas y el equipo jurídico de la Corporación 20 de Octubre siempre han creído que se ha intentado dilatar la causa y que todas las personas que han sido imputadas precisamente en esta causa «se encuentran en prisión preventiva en lugares de privilegio, que es el regimiento, y uno de los imputados, además, se encuentra en su casa, así que sabemos que -eventualmente- habiendo condena ellos, tendrían que cumplir esas condenas en cárceles comunes, sin embargo todo este tiempo será abonado».
Junto al capitán Faúndez también se veía el caso de los soldados conscriptos C.J.R.O. y J.A.A.M., como autores de homicidio consumado y homicidio frustrado, respectivamente; y del cabo M.A.R.B., como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves.
En la misma línea, reconoce Rojas que volvieron a solicitar la prisión preventiva de M.A.R.B., «ya que ha habido cinco incumplimientos de la medida cautelar de arresto domiciliario total. Creemos que existe un privilegio permanente, pues si fuese un imputado común tendríamos a una persona privada de libertad…».
Sin dudas, una jornada no muy alentadora, más aún cuando «bien sabe la comunidad que este es un caso donde un grupo de militares armados arremete en contra de la población civil desarmada, pero el tribunal, en un razonamiento que nos parece errado en cuanto a la aplicación de la norma en materia de Derechos Humanos, lo asimila a un hurto de hallazgo y eso nos parece una falta de respeto».