Presentan denuncia en Contraloría para que se investigue un posible notable abandono de deberes de la gobernadora Krist Naranjo

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Una serie de evidencias fueron remitidas a Contraloría, entre las que se encuentran la baja ejecución presupuestaria, el cuestionado viaje a México, la devolución de atribuciones al Estado, los proyectos que habiendo sido aprobados por el Consejo Regional no lograron la venía de la gobernadora regional Krist Naranjo y por tanto perdieron su RS, además del convenio entre el Minvu y el Gobierno Regional por más de 8 mil millones de pesos. Hechos que darían cuenta de un notable abandono de deberes por parte de la máxima autoridad regional.

«Se considerará que existe notable abandono de deberes cuando el gobernador regional transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución Política de la República y las demás normas que regulan el funcionamiento del gobierno regional, y en aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave detrimento al patrimonio del gobierno regional, o afecte gravemente la actividad de éste destinada a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad regional».

El párrafo anterior corresponde al artículo 23 de ley N° 19.175, que entre otras cosas regula la administración de los gobiernos regionales, y que a juicio de Vinka Pusich, quien concurrió en su calidad de ciudadana a Contraloría a hacer una denuncia, la seguidilla de errores de la gobernadora regional Krist Naranjo estarían incurriendo en un notable abandono de deberes.

En cuanto a las motivaciones para concretar la denuncia en Contraloría, explica que «cuando nace esta figura del gobernador regional, que es nueva, traía la esperanza de una mayor descentralización y eficiencia en el gasto público, el Estado es la figura principal que distribuye recursos para toda la región y con mayor esperanza para quienes viven en zonas alejadas, como la provincia del Choapa, para lograr un mayor equilibrio en el desarrollo local».

«Lamentablemente, cuando el Estado no está a la altura y no hace el trabajo bien, los que sufren más son los más vulnerables, sobre todo quienes están más alejados de las capitales regionales, que es donde pasan los recursos públicos y se ejecutan la mayoría de los proyectos», explica.

Así, desde esa perspectiva, «la gobernadora ya lleva un año en el cargo, sin embargo nuestra región es una de las que tiene la ejecución presupuestaria más baja, pero además hay una serie de antecedentes que dan cuenta de una precaria gestión con una deficiente administración de los recursos».

«Además, derechamente ha actuado en forma ilegal y arbitraria, rechazando proyectos que habían cumplido con todos los requisitos, y siendo aprobados por el Consejo Regional, reciben un portazo de forma abrupta, sin fundamentos ni explicación, ni menos una ejecución posterior, muchos de ellos incluso han perdido la RS, algo que es grave porque se ha ido en contra de la voluntad de un órgano, que habiéndolo aprobado en virtud del marco legal que tiene el Core, la gobernadora los ha dejado en foja cero, y detrás de esos proyectos hay personas, organizaciones comunitarias que han trabajado y los han levantado, y no se les ha dado ninguna explicación».

Respecto a la denuncia, comenta que «se fundamenta en muchas actuaciones de la gobernadora regional, no es algo del mes pasado, sino que son situaciones que vienen ocurriendo desde el año pasado, principalmente de noviembre, donde hubo proyectos de la región que fueron aprobados por el Consejo Regional anterior a la administración de la gobernadora, que fueron rechazados sin motivo».

En ese sentido, algunos de los proyectos que no han prosperado son en Vicuña, en el Choapa, como la reposición del cuartel de Carabineros de Chillepín, proyecto que fue rechazado sin manifestación de razón y a la fecha no se reintegra para su ejecución.
Otro de los hechos denunciados fue cuando el Consejo Regional aprobó un convenio de programación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) por un total de $ 8.228 millones, con el objetivo de construir viviendas sociales, que durante 2021 no fue refrendado por la gobernadora regional, y durante 2022, en sesión ordinaria del 10 de mayo, se adoptó por acuerdo del cuerpo colegiado solicitar a Naranjo dar respuesta a la solicitud del seremi del Minvu, en el cual se pide retomar la tramitación del Convenio de Programación entre el Gobierno Regional de Coquimbo y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para alcanzar la concreción de los proyectos habitacionales y cumplir los compromisos adquiridos.

Determinar si hay abandono de deberes

Respecto a lo que se busca conseguir con la denuncia, Pusich explica «que se investiguen las situaciones denunciadas, que se establezca si la gobernadora ha actuado fuera del marco legal de la ley 19.175, que es la que regla a los Gobiernos Regionales, y en virtud de las atribuciones que tiene ha faltado a ellas, y si todos estos hechos que se han denunciado califican como un notable abandono de deberes».

Lo anterior se fundamenta en dar a conocer a Contraloría todas las situaciones que han estado ocurriendo, «son vox populi, incluso muchas de ellas han salido en los medios de comunicación, siendo denunciadas por algunos consejeros regionales, pero Contraloría no ha adoptado ninguna medida ni investigación para que se determinen responsabilidades y se apliquen sanciones».

«Lo grave de esto es que si Contraloría determina que hay un notable abandono de deberes, podemos tener el primer caso en Chile de un gobernadora regional sancionada incluso con la destitución», concluye.

Tras la denuncia, se estima que Contraloría puede dar una respuesta en un plazo de 40 días hábiles.

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