Sin embargo, lamenta la demora en el proceso, que tardó casi cinco años, argumentando que «uno podría pensar que existen pruebas y antecedentes que ya pueden haber sido destruidas por los involucrados».
Por René Martínez Rojas
A casi cinco años del destape, la audiencia de formalización por un presunto fraude al fisco programada para el 26 de mayo será clave para determinar responsabilidades penales en el caso Papaya Gate.
Un escándalo que estalló cuando se reveló que el Gobierno Regional de Coquimbo, bajo el mandato de Lucía Pinto, adquirió terrenos a inmobiliarias con un evidente sobrevalor, pese a las advertencias de Contraloría.
Junto al Consejo de Defensa del Estado, el senador Daniel Núñez también interpuso una querella y por eso pedirá la prisión preventiva «porque hay responsabilidades ineludibles de las tres personas que justamente serán formalizadas».
Detalla que «mi abogado lo solicitará en los tres casos (Lucía Pinto, la exintendenta; José Cáceres, el exadministrador regional y Pablo Bracchitta, gerente de las inmobiliarias dueñas de los terrenos), porque cuando supera las 400 UTM la pena parte en 5 años…».
Explica que «uno pide prisión preventiva cuando las personas involucradas en los delitos son un peligro para la seguridad y la sociedad, y por supuesto que Lucía Pinto, Cáceres y Bracchitta son un peligro para la sociedad y para la región de Coquimbo, porque ellos mismos -en este momento- pueden estar fraguando otros fraudes. Así que me parece clave que se les dé esta medida cautelar de prisión preventiva y justificaciones y argumentos hay, entre otras porque existe una pluralidad de malhechores, pues el delito lo comete más de una persona».
No obstante, lamenta la demora en el proceso «y no deja de ser preocupante que hayan pasado tantos años desde que se produjo el fraude al fisco, porque ahora que está tan de moda incautar celulares, revisar WhatsApp y conversaciones telefónicas, uno podría pensar que existen pruebas y antecedentes que ya pueden haber sido destruidos por los involucrados».
Hubo perjuicio
En cuanto a si hubo responsabilidades políticas, afirma que «evidentemente que sí» y que por eso le extraña que la UDI no haya tomado ninguna medida con la exintendenta.
«No ha sido separada de las filas y tampoco sancionada. Incluso uno ve a diputados, como Juan Manuel Fuenzalida, que la defienden a abrazo partido. Da la sensación de que existiría un pacto de silencio dentro de la UDI para defender a Lucía Pinto, porque me imagino que tienen miedo de que hable, ya que si lo hace tal vez nos enteremos de que hay más personas involucradas».
Respecto a las presuntas responsabilidades que pusiese tener el municipio de La Serena, sin formalizados hasta el momento, aborda que «ellos participaron del proceso, particularmente en las etapas de determinar o solicitar la compensación por la entrega de terrenos que ellos hacían para el nuevo hospital, así que desde ese punto de vista es un tema que está abierto y no lo descarto».
Independiente del color político del actual gobernador regional Cristóbal Juliá, admite Núñez que de todas maneras debería sumarse a las querellas, «debido a que existe una pérdida grave de patrimonio del Gobierno Regional. Porque si uno ve el sobreprecio, estamos hablando de cerca de 4 mil millones que se pagaron de más, y terrenos que además no han sido usados, así que uno esperaría que se haga parte porque independiente del color político, su deber es velar por el patrimonio del Gobierno Regional y en este caso hubo perjuicio, por lo que esperaría que se hicieran parte del juicio con una querella».
