En entrevista con LA REGIÓN, la senadora Adriana Muñoz explica lo que busca conseguir un grupo de parlamentarios quienes interpusieron un recurso de protección contra el Servicio de Evaluación Ambiental y la comisión regional, tras la aprobación del proyecto Dominga. Señala que «no dieron ninguna respuesta a las observaciones de fondo que se han venido haciendo hace muchos años».
A más de una semana desde que el proyecto minero portuario Dominga fuera aprobado por la comisión regional de evaluación ambiental (Coeva), la senadora Muñoz se refirió al recurso de protección que interpusieron para frenar el avance a la aprobación de Dominga, «he sido siempre muy crítica de este proyecto, porque al igual que como se resolvió el 2017, estoy convencida que la instalación de la empresa minera Andes Iron impactará en el medio ambiente de nuestra zona, también va a poner en riesgo la biodiversidad de Isla Damas y Punta de Choros, donde hay un santuario de la naturaleza que no es solamente de Chile sino que del planeta, que es la Reserva del Pingüino de Humboldt».
«Toda empresa minera, sea esta u otra, como Los Pelambres en el Choapa, provoca un impacto en la calidad de vida de las personas, con contaminación de las aguas, del aire, que eso siempre se ha dado, nosotros sabemos que un proyecto de esta naturaleza va a generar estos riegos», agrega.
El recurso
Muñoz explica que «con esta acción en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, lo que nosotros queremos señalar es que justamente hay un riesgo para el entorno, el medio ambiente y para las personas».
«Desde hace años se estableció que esto causaría un daño al medio ambiente, sin embargo, la decisión que se tomó la semana pasada, donde lamentablemente las autoridades de esta comisión de evaluación ambiental no dieron ninguna respuesta a las observaciones de fondo que se han venido haciendo hace años, tampoco advirtió el origen poco confiable del estudio de impacto ambiental de la empresa», añade.
Puntualiza en que «estamos pidiendo a la ilustrísima corte que este recurso de protección sea declarado admisible, que lo acojan, y por cierto poder darle curso con el propósito de dejar abierto un camino para demostrar, ahora por la vía de tribunales, las observaciones técnicas que tiene este proyecto, que si entra en acción va a perturbar el derecho de igualdad ante ley para toda la comuna de La Higuera, pues esta resolución se dictó, en mi opinión, sin atender el debido proceso».
«Esta resolución no solo se toma sin observar las características técnicas, ni tampoco considerando que hay un procedimiento en tribunales, y lo que estamos pidiendo es que se suspenda la resolución que se ha tomado y se paralice toda acción, porque creemos que los daños al ecosistema podrían ser irreparables… Estamos presentando este recurso y solicitando que no se innove en relación a lo que sucedió el año 2017, en que se rechazó este proyecto», sostiene.
Legislación ambiental al debe
Una de las críticas que ha surgido luego de la aprobación de Dominga y otros proyectos, dice relación con la legislación ambiental, en donde la senadora señala que «estamos bien al debe hace mucho tiempo, con marcos normativos bastante débiles y permisivos en materia medio ambiental, esto se ha hecho más visible durante este gobierno, que no firmó siquiera el convenio de Escazú, entonces ahí tenemos una controversia fuerte, porque están involucrados grandes intereses económicos».
«Una legislación ambiental débil habla de un país permisivo en el tratamiento a su medio ambiente, su diversidad y su riqueza ecosistémica, entonces ahí estamos muy al debe y por tanto se demora mucho tiempo la modificación a la ley de medio ambiente, que radica en este tramado de intereses que siempre está presente en el debate de este tipo de legislación», señala.