Suspenden a dos empleadas por presunta participación en fraude

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Se trata de una conductora y una Tens, ambas del Cesfam Emilio Schaffhauser. Decisión fue tomada por el actual secretario general, Jorge Díaz, quien ante el nulo avance en lo penal, ha optado por tomar cartas en lo administrativo tras el desfalco por casi $ 800 millones en el Depto. de Salud de la Corporación Gabriel González Videla.

Pese a que desde el Concejo municipal, y entre las autoridades en general, incluido el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, se ha pedido mayor premura en la resolución del millonario fraude que afectó al Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla, hasta ahora es poco lo que se ha podido hacer, y aquello tendría que ver con los procesos administrativos y penales que sí o sí hay que seguir, por ejemplo en lo penal, para hacer efectiva una formalización en contra de quienes ya se conoce públicamente su presunta participación, como lo son Nicole Cadena Munita y su marido, Cristián Muñoz Fredes.

Burocracia
y espera

Al presidente de la comisión de Salud del Concejo municipal, Félix Velasco, se le está acabando la paciencia, ya que, asegura, han enviado oficios a distintos estamentos para ir avanzando en el caso, pero de los tres que se han despachado, sólo uno ha sido respondido. Se trata de Impuestos Internos, quienes, en todo caso, no aportaron nada nuevo para la investigación. «En la búsqueda de los recursos defraudados, SII hará lo necesario para recuperar los dineros», indicaron, además de excusarse por no asistir a la comisión que se llevó a cabo ayer en el municipio.

«La génesis»

Recordemos que fue hace un par de semanas cuando se dio a conocer un informe de la Contraloría Regional sobre graves irregularidades al interior del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla, de La Serena. En el documento se señala que entre el 2020 y 2021, la entidad pagó boletas de honorarios a 19 personas que no desempeñaron jamás funciones en la repartición, lo que derivó en un desfalco por casi 800 millones de pesos, que hoy tiene a la Brigada de Delitos Económicos investigando bajo instrucción del Ministerio Público.

La eterna espera

Pero ya han pasado más de dos años, y además del juicio público a los principales imputados, Cadena -ex funcionaria municipal- y Muñoz Fredes -accionista y controlador de Mucad SPA-, no se han conocido más implicados, y lo que es peor, no se les ha formalizado, por lo que de estar en posesión del dinero defraudado -en esta etapa de la investigación- podrían adquirir los bienes que quisieran con las platas mal habidas.

Pero no se puede hacer nada más, ya que todavía no existen formalizados en este caso, lo que limita eventuales cautelares y sólo queda esperar, tal como lo señala Cecilia Pérez, directora (s) del Departamento Jurídico de la Corporación Gabriel González Videla.

«Estamos a disposición del Ministerio público, que en esta etapa está indagando. Se le han solicitado una serie de requerimientos, que es lo que podemos hacer, y hay un fiscal que está con dedicación exclusiva en este caso», sostuvo la abogada de la Corporación.

Cómo controlarlos
y nuevos protocolos

Si bien la ausencia de formalizados es una limitante, desde el departamento jurídico expresaron que, más allá de toda burocracia, sí han podido hacer un levantamiento de los bienes que tienen hasta ahora de las personas implicadas, por lo que éstos no podrían deshacerse de ellos en la eventualidad de que se les embarguen.

Por otro lado, el secretario general, Jorge Díaz, señaló que, a raíz de todo lo que ha pasado con gente de adentro, «ahora estamos trabajando en nuevos protocolos para la selección de personas, para evitar algún tipo de fraude», señaló.

Funcionarias suspendidas

Pero sí habría un avance, al menos en el ámbito administrativo, ya que, según informó el propio secretario general, a raíz del sumario interno existen dos funcionarias a las que se les decidió suspender de sus labores, por una eventual y presunta participación, directa o indirecta, en el millonario fraude. Se trata de una conductora y una Tens que trabajan -no se sabe si continuarán-, en el Centro de Salud Familiar Emilio Schaffhauser. «Pero esto va por el carril administrativo, no por el tema de la querella que está interpuesta en el Ministerio Público. Ellas podrían irse o volver, dependiendo lo que arroje el sumario, mientras dure la investigación», expresó Díaz.

El secretario agregó que este no es el primer sumario que enfrentan las trabajadoras, ya que en enero del 2022 fueron sometidas a investigación, la que arrojó faltas administrativas pero no se logró identificar un posible fraude para una destitución. Sin embargo, «ahora, en base a ese sumario, y teniendo un nuevo informe de Contraloría, mi criterio fue realizar una nueva investigación», precisó el secretario general de la Corporación, quien además detalla que a la fecha no existe ningún otro trabajador suspendido de sus funciones.

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