Por: Valentina Echeverría O.
La aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) generó diferencias durante la reunión sostenida este jueves entre los cuatro alcaldes de la provincia del Choapa, representantes de los concejales, el delegado presidencial regional, Víctor Pino, y autoridades de distintas seremías.
En medio del encuentro, representantes comunales advirtieron que todavía existirían familias afectadas por los sistemas frontales que quedaron sin la aplicación del instrumento y plantearon la necesidad de contar con mayor plazo.
La concejala de Illapel, Janet Araya, fue una de las autoridades que alzó la voz para manifestar su preocupación por quienes no alcanzaron a ser registrados y por la capacidad financiera de los municipios para responder a las necesidades que continúan presentándose.
«Familias completas quedaron sin la aplicación de la FIBE. Aquí todos tenemos una casa que a lo mejor no está de la mejor manera, tendrá sus dificultades, pero por lo menos tenemos donde refugiarnos. Los municipios no tienen capacidad financiera ni económica para poder resolver los problemas de todos, lo mismo el Estado. Sin embargo, este municipio ha tenido que invertir, hacer modificaciones presupuestarias y vamos a seguir interviniendo y buscando ayuda».
«La FIBE no es un censo»
«La FIBE se ha convertido casi en un censo», señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, al referirse a la extensión del proceso y a las dificultades que genera para completar el catastro técnico de las viviendas afectadas.
Desde Desarrollo Social explicaron que una de las confusiones detectadas es que la FIBE deba aplicarse a todas las personas de un sector afectado, cuando el instrumento está destinado a registrar daños provocados por la emergencia en las viviendas o sus enseres.
«La ficha va dirigida a las viviendas que ciertamente tienen afectaciones, tanto de la vivienda propiamente tal o de los enseres. No es que sea para todas las personas como un censo», explicó el seremi de Desarrollo Social, Gonzalo Cortés.
A modo de ejemplo, señaló que afectaciones en un muro colindante, un huerto o daños registrados en la calle no necesariamente corresponden a una vivienda afectada para efectos de este levantamiento.
Una vez aplicada la ficha, se suma una segunda evaluación para los casos de mayor gravedad, donde la categorización puede variar respecto de la registrada inicialmente en la FIBE, ya que, según explicó Cuadra, esta es realizada por personal social del municipio, mientras que la Ficha 2 queda a cargo de un equipo técnico constructivo.
De acuerdo con lo señalado por la autoridad durante la reunión, esta revisión ha dejado diferencias importantes entre la afectación consignada inicialmente y el daño estructural constatado posteriormente. Incluso mencionó casos ingresados con categorías 4 o 5 que, tras la inspección técnica, terminaron siendo calificados con afectación 0. Según Cuadra, de las 5.500 fichas de la región que inicialmente fueron clasificadas con daños de nivel 4 o 5, las evaluaciones técnicas han determinado hasta ahora 150 viviendas con pérdida total.
Buscan cerrar proceso
En este escenario, desde el Gobierno plantearon la necesidad de poner término al levantamiento. Desarrollo Social indicó que la FIBE comenzó a aplicarse a mediados de julio y que posteriormente se han autorizado ampliaciones solicitadas por los municipios, mientras algunas comunas ya finalizaron el proceso.
«No puede ser eterna la aplicación de la ficha FIBE», sostuvo el seremi de Vivienda y Urbanismo, explicando que cerrar el proceso también resulta necesario para cuantificar los daños reales de la catástrofe.
