Este miércoles, con 105 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula las aplicaciones que ofrecen servicios de transporte público, la cual ahora pasará a tramitación en el Senado, que estipula entre sus principales acápites que las empresas prestadoras del servicio deben contratar seguros de responsabilidad civil y de vida para conductores y pasajeros, y la obligación a los conductores de contar con licencia profesional para el transporte de pasajeros A-1, A-2 o A-3.
Ante la aprobación inicial de la nueva normativa en la Cámara Baja, Diario LA REGIÓN dialogó con Héctor Briceño, presidente de la Agrupación de Taxis Colectivos de nuestra región y dirigente nacional de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, Conatacoch, que en el análisis de la llamada “Ley Uber” manifestó que a nombre del gremio que representa toma con “cautela” el inicio del proceso para legalizar el referido sistema, en vista que esperan mayores exigencias para los conductores y los móviles afiliados a las aplicaciones.
“Nosotros siempre tuvimos una oposición respecto a estas plataformas desde su origen, y así como Conatacoch reclamamos ante el gobierno desde que ese sistema empezó a trabajar en todo el país sin un marco regulatorio, de forma ilegal, y así distintas autoridades y parlamentarios hicieron caso omiso, pero ahora se produjo un buen debate para poder encuadrar a los conductores de estas aplicaciones, y es lo que tenemos ahora con la aprobación de la Cámara de Diputados, pero el tiempo dirá si la ley es perfectible”.
¿Cuales son las modificaciones que deberían ser agregadas al proyecto de ley?
Pienso que debe haber un acápite especial en cuanto a las condiciones de seguridad para los pasajeros, mucho más allá de contratar un seguro, en relación a que, por ejemplo, Uber tiene muchas denuncias y problemas con usuarios, sobre todo en contra de mujeres con casos de abusos y robos, entonces ahí vemos que falta un artículo de la ley que haga un filtro de los conductores, revisando sus antecedentes para poder proteger a los pasajeros.
¿Que otro acápite habría que incluir?
Hay que incluir una regla para ver cómo calculan y aplican sus tarifas, como es la exigencia que nos hace a nosotros el Ministerio de Transporte, porque se ha hablado que por ser un sistema diferente, más personalizado, tendrían que tener otro tramo tarifario distinto al de nosotros, el cual debería ser revisado y consensuado con el Ministerio, y que no quede a criterio de cada aplicación solamente, por ejemplo, hemos conocido casos de usuarios en La Serena que decían que en un inicio habían tramos que costaba $1.000, pero los conductores muchas veces llegaban con un tarifario marcado de antes por $300 pesos o más y eso es lo que debería considerar este proyecto de ley.
¿El tipo de vehículo a utilizar por el servicio de aplicaciones también debe ser definido con claridad?
Siempre planteamos de que deberían cumplir también con las exigencias que hacen a nuestra gente, ya que en estos últimos años nos pidieron contar con vehículo con frenos ABS y con airbag, y si bien creo que las aplicaciones están exigiendo a sus choferes tener vehículos con esas características, esperamos que también sea regulado el tipo de vehículos aprobados para aplicaciones.
¿Espera que las propuestas de su gremio sean escuchadas por los senadores cuando discutan el marco legal?
Ojalá que en el Senado se pueda verificar y hacer los cambios que vamos a proponer con la Conatacoch y otros gremios nacionales, por eso vamos a espera que pase a esa cámara y que se hagan las inserciones a esta nueva ley, por eso con nuestras dirigencias vamos a apelar también a los senadores de la región para que revisen bien y consideren nuestra opinión, para corregir lo que consideramos que tiene falencias, y por eso esperamos participar como gremio en ese debate también.
¿Cuál es el sentimiento que embarga a los transportistas que usted representa?
Al final igual sentimos disconformidad por el actuar del gobierno, de permitir que las aplicaciones funcionarán de forma ilegal e incluso escuchamos un primer discurso de que esto no se iba a legalizar al final, pero ahora constatamos que si va haber un proceso para legalizarlos, por eso ojalá que los senadores nos incluyan en el debate de esta nueva normativa.
¿Hay algún estimado de conductores de aplicaciones a nivel nacional y regional?
No tenemos una cifra precisa porque Uber no ha entregado ahora último al gobierno una cifra precisa, además que hay que recordar que hay gente que trabaja de forma informal, sin inscribirse en Uber u otra aplicación, incluso hay gente que fue retirada de Uber por el tema de los vehículos, pero siguen laborando igual, y en Santiago, hace un tiempo atrás, se hablaba de 5.500 vehículos en Uber, según lo que estimó el Ministerio, entre regulares e irregulares, y considerando esa cifra creo que en la región habrían entre 1.000 a 1.500 personas que están en las aplicaciones y de manera ilegal.
Multas para infractores
Respecto a las sanciones incluidas en el proyecto, estas serán aplicadas tanto a las empresas de aplicaciones como a los conductores, y se clasificarán como graves y leves.
Las multas a las empresas pueden fluctuar entre $ 145.050 y $ 4.835.000, y entre $ 967.000 y $ 9.670.000, en caso de reincidencia, y en el caso de los conductores, estas pueden oscilar entre los $ 48.350 y $ 483.500.
Además, la Subsecretaría de Transportes podrá revocar la autorización por acumulación de infracciones, suspendiendo la licencia por 6 meses al conductor no inscrito o no adscrito a una empresa autorizada. Así también, se podrá sancionar al pasajero que, a sabiendas, acepte la prestación irregular de servicios o entorpezca la fiscalización con sanciones que van entre los $ 48.350 y $ 241.750.
