La implementación de la nueva Ley de Migración y Extranjería está siendo fuertemente cuestionada por organizaciones sociales y diputados de región de Coquimbo.
Por René Martínez Rojas
Esto, tras la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas al proyecto que modifica la Ley 21.325, cuyo fin es restringir el acceso a beneficios fiscales a migrantes en situación irregular.
Mery Cortés, representante de la Coordinadora Nacional de Inmigrante, señaló que esta nueva normativa solo busca «empobrecer más al migrante».
Como dirigente y reconocida luchadora social en la región (tras el asesinato de su hijo Romario en 2019) detalla que «están haciendo todo mal y ya dije que este es un gobierno nefasto. Sabemos que con esta nueva administración será todavía peor, pues de antemano se habló de las expulsiones masivas».
Políticas de expulsión
Cortés puso el foco en la realidad local, explicando que gran parte de la población migrante irregular en Coquimbo no se debe a ingresos por pasos no habilitados, sino a la ineficiencia administrativa de las oficinas de migración.
«Acá en la región hay muchos migrantes irregulares. Sin embargo, una gran parte de estos, aunque tú no lo creas, no es porque ellos no hicieran el trámite, sino que por la ineficiencia de las oficinas migrantes que, por falta de funcionarios, no han hecho todos los documentos con tiempo», afirmó la dirigente.
También manifestó su preocupación por las políticas de expulsión, mencionando la aparente contradicción entre el anuncio de expulsar a tres mil migrantes y las declaraciones posteriores del nuevo director nacional de Migración y Extranjería, quien sugirió que se estudiarán los casos antes de proceder.
Discusión
El objetivo de esta ley es desincentivar el ingreso al país de personas por pasos no habilitados para reducir el número de extranjeros en esta condición. Y mientras el proyecto pasa al Senado para continuar su trámite, la discusión en los parlamentarios de la región se basa en la utilidad de este posible cuerpo de ley y las razones humanitarias que se deben tomar en cuenta.
«Este proyecto es malo, cruel y profundamente regresivo. No mejora el sistema: lo que hace es convertir la exclusión en una bandera política, instalando una peligrosa lógica de supremacía social, donde pareciera que hay vidas que valen menos que otras. Y los principales afectados terminan siendo, una vez más, los niños, las niñas, las mujeres y las familias más vulnerables. Cuando un país empieza a normalizar eso, lo que está en riesgo no es solo la política migratoria, sino la humanidad mínima con la que debe actuar el Estado», apuntó la diputada PC Nathalie Castillo.
Desde la UDI, el diputado Marco Antonio Sulantay manifestó que «este proyecto calza perfectamente, tanto con la realidad actual del país, como con el espíritu de la administración Kast y quienes formamos parte de su base de apoyo. Primero, es una medida que podrá ordenar la procedencia de extranjeros ilegales en Chile, así como desincentivar los ingresos irregulares y todas las externalidades negativas que conlleva esta situación.
Además, aporta a nivelar la estrechez fiscal que en la que fue recibido el país, pues de esta forma el gasto social, tales como subsidios y servicios estatales, puede ser priorizado en favor de nuestra gente que hoy se ve desplazada injustamente en sus derechos».
