Hoy Tamara Hormazábal acompaña a otras familias y busca informar sobre leyes y beneficios que muchas veces usuarios y cuidadores desconocen, pero que son indispensables a la hora de ser atendidos en un centro de salud.
Por: Valentina Echeverría O.
Tamara Hormazabal nunca pensó que terminaría convirtiéndose en activista por los derechos de los pacientes. Pero la historia de su hijo Andrew, un joven futbolista coquimbano que perdió la audición y quedó con invalidez tras una serie de diagnósticos erróneos y complicaciones médicas, cambió por completo su vida.
Desde entonces, asegura haber conocido cientos de familias enfrentando situaciones similares y hoy, como representante legal de la Corporación de Derechos del Paciente Regional, busca visibilizar las negligencias médicas, educar sobre las leyes que protegen a pacientes y cuidadores, y acompañar a quienes muchas veces «callan por miedo».
Todo comenzó cuando Andrew —- quien llegó a ser seleccionado nacional de fútbol inclusivo —-, empezó con problemas al oído. Según relata su madre, inicialmente le diagnosticaron otitis y posteriormente un tímpano perforado, aunque con el tiempo descubrieron que en realidad padecía colesteatomas, tumores benignos pero invasivos. «Perdió la audición total y en la tercera operación tuvo una bacteria intrahospitalaria», contó Tamara, agregando que actualmente su hijo sufre vértigo severo y necesita apoyo para movilizarse, lo que no habría pasado con un diagnóstico oportuno.
La madre cuidadora explicó que, tras las intervenciones, inició un proceso de mediación con el Hospital de La Serena. Sin embargo, asegura que las soluciones ofrecidas no respondían realmente al daño provocado. Según indicó, en un momento se le planteó la entrega de audífonos, aunque sostuvo que «eso le correspondía por la Ley de Derechos del Paciente. No era un favor ni una compensación», afirmó.
Actualmente, Andrew continúa en rehabilitación y necesita tratamientos especializados para intentar recuperar parte de su autonomía. Tamara comentó que una de las alternativas médicas que podría ayudarlo sería un implante coclear, cuyo costo supera los $30 millones. Mientras tanto, dice que la situación económica y emocional ha sido compleja, especialmente considerando que ambos viven con invalidez y dependen de constantes traslados a controles y terapias.
«No podemos tomar micro porque mi hijo se marea muy fácil por su vértigo, por eso toda la plata se nos va en viajes de uber desde Coquimbo a La Serena y rehabilitación. El ya no tiene una vida. Lleva años encerrado en la casa a pesar de que era un niño muy sano y deportista, solamente sale a todo esto y hay muchas personas que están en el estado por una negligencia».
Con el paso del tiempo, la dirigenta comenzó a recibir mensajes de otras personas que atraviesan situaciones similares. A través de TikTok y redes de apoyo, asegura haber tomado contacto con familias de distintas regiones del país que denuncian negligencias, listas de espera y falta de especialistas. «Hay mucha gente que tiene miedo de hablar porque creen que después no los van a atender o los van a tratar mal», señaló.
Pese al desgaste, Tamara asegura que seguirá impulsando redes de apoyo y promoviendo que más personas conozcan sus derechos dentro del sistema de salud.
“La gente ya está cansada, pero si seguimos callando, esto va a seguir pasando, los invito a que todos sepamos nuestros derechos, sepamos que exigir, que estudien la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes de las personas en relación con su atención de salud”.
