La iniciativa fija además una meta de 80% de empleo sanjuanino y surge tras el malestar que generó la adjudicación del campamento del proyecto Vicuña a firmas chinas y una empresa santafesina. El debate cobra especial interés en Coquimbo, donde el auge minero argentino ha sido visto como una oportunidad para empresas y servicios regionales.
Por Joaquín López Barraza
El malestar que generó la adjudicación del campamento del proyecto Vicuña a dos empresas chinas y una firma santafesina terminó escalando hasta la Legislatura de San Juan. Esta semana, el Ejecutivo provincial ingresó un proyecto de ley que busca que el 60% de las compras de la gran minería quede en proveedores locales y que el 80% de los empleos asociados a la actividad sea ocupado por trabajadores sanjuaninos.
La denominada Ley para el Desarrollo Local Minero establece metas para que las empresas mineras y sus principales contratistas prioricen la contratación de residentes de la provincia y las compras a firmas radicadas en San Juan. En el caso de las adquisiciones de bienes, obras y servicios, la meta apunta a que el 60% del monto anual quede en proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de mercado.
Cuando ello no ocurra, las compañías deberán justificar técnicamente por qué recurrieron a proveedores externos.
El proyecto aparece en medio de un creciente debate sobre quiénes capturarán los beneficios del boom cuprífero que se proyecta para la provincia. La discusión tomó fuerza luego de que la construcción de la primera etapa del campamento del Distrito Vicuña quedara en manos de empresas de fuera de San Juan, provocando críticas de cámaras empresariales que acusaron falta de previsibilidad y escaso acceso a información sobre futuras licitaciones.
A raíz de ello, representantes de los proveedores locales sostuvieron reuniones con ejecutivos de Vicuña para exigir que las empresas sanjuaninas puedan conocer con mayor anticipación las necesidades del proyecto, asociarse y competir en igualdad de condiciones en los próximos procesos de contratación.
A la presión empresarial se sumaron los sindicatos. La UOCRA sanjuanina insistió públicamente en que los nuevos puestos de trabajo generados por el auge minero deben beneficiar prioritariamente a trabajadores de la provincia. Más tarde, la propia Cámara Minera de San Juan respaldó la iniciativa impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, argumentando que el desafío es traducir las inversiones en empleo y desarrollo productivo permanente para el territorio.
La propuesta contempla además que las compañías presenten planes obligatorios de desarrollo de empleo y proveedores, con metas progresivas y reportes periódicos de cumplimiento. También crea un registro público de proveedores mineros locales, con el objetivo de transparentar quiénes podrán ser considerados dentro de estas metas y permitir una mejor planificación de la demanda futura de bienes y servicios.
La discusión adquiere especial interés en la Región de Coquimbo. Durante los últimos meses, el desarrollo de proyectos como los que integran el Distrito Vicuña ha alimentado expectativas respecto del movimiento que podría generar para puertos, empresas de transporte, maestranzas, proveedores industriales y firmas de servicios especializados que aspiran a integrarse a la cadena de abastecimiento minera.
