Por: René Martínez Rojas
Lo que comenzó como una serie de denuncias parlamentarias en 2025 se ha transformado hoy en una de las aristas judiciales más complejas en materia de migración y derechos humanos en el país.
Un preinforme reservado de la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa el ingreso de menores de nacionalidad haitiana a Chile bajo la figura de «reunificación familiar», revelando un escenario de descontrol administrativo que la Fiscalía ya califica como una posible red de tráfico de menores.
Sin duda, un escenario complejo, que ya en 2025 algunos parlamentarios lo denunciaron. Uno de ellos, Juan Manuel Fuenzalida, recuerda Rubén Briceño, director nacional de la Asociación de Especialistas en Seguridad Aeroportuaria ANESA-DGAC.
«Hubo una preocupación del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida, en que estuvieron averiguando respecto a esos temas, y que era por la gran cantidad de niños haitianos que llegaban en estos vuelos. Estamos hablando de hasta 35 niños por cada un adulto», señala.
Y cuenta que el entonces parlamentario los convocó porque estaban trabajando en un proyecto de ley para regular los temas de DGEAC «y en esa ocasión nos preguntó si lo podíamos ayudar, en cuanto a si teníamos información y ni siquiera hubo que buscar mucho, sino que pararse en el aeropuerto y empezar a ver vuelos chárteres que llegaban a Santiago y descubrir todo lo que estaba pasando».
El caos registral como pantalla
La preocupación que había en ese momento era cómo podían viajar tantos niños con un adulto, sabiendo que en Haití no existe un registro civil «y que producto del terremoto y posterior caos social que ha imperado en los últimos años, no había cómo decir: esto está pasando, estos son los niños».
De hecho, Briceño da cuenta de un caso que ilustra la tragedia detrás de estas cifras, justamente el de un menor que viajó al país para reunirse con su padre, solo para descubrir a su llegada que su progenitor ya había fallecido en territorio nacional.
«Tampoco había un paradero conocido ni cierto de su madre, no había información certera. Esto se le informó en su momento a la Contralora General a través de una carpeta entregada por el diputado Rubén Oyarzó», añade el director de ANESA.
¿Dónde están
los niños?
La intranquilidad de las autoridades no es solo el ingreso, sino el destino de estos menores. Actualmente, no existen registros que permitan asegurar si estos niños están escolarizados, si cuentan con salud o, en el peor de los casos, si siguen con vida.
«No hay registros de dónde están, no hay registros de cuántos son, entonces no se sabe si están vivos o no y no se sabe si están trabajando. Estamos en una nebulosa, en una problemática gigantesca, porque se cree que están, pero tampoco lo podemos afirmar porque no hay nada», advierte Briceño.
Y lo que es peor, «perfectamente podrían estar siendo explotados, podría haber un tráfico de órganos, quizás haber abandonado el país y estar en otro lugar, una infinidad de ideas que podríamos sacar al respecto, pero no tenemos ninguna certeza, y eso es lo que preocupa».
En su mayoría, estos niños estaban llegando a las comunas de Cerrillo, Lampa, Colina y la Estación Central, en la región Metropolitana.
Respecto a si existen registros de menores de edad en Coquimbo, cuenta Briceño que «no existe ningún dato certero que podamos decir que sí, y no manejo información de que pudieran estar acá o en otra región.
La actual crisis trae a la memoria un episodio ocurrido en 2019, cuando la agudeza de un detective de la PDI dio cuenta de que en un vuelo completo todos estos ciudadanos llegaban al mismo hotel y a la misma habitación. Fue esa alerta la que permitió, en aquel entonces, poner la alerta sobre estos vuelos.
