Fiscalía y querellantes insistieron en que se acreditó una estructura organizada para defraudar recursos destinados a salud, mientras las defensas cuestionaron los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, solicitando absoluciones y recalificaciones.
Por: Valentina Echeverría O.
Con la presentación de los alegatos de clausura de la Fiscalía, los querellantes y las defensas, este lunes el juicio oral por el presunto fraude al interior del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena quedó ad portas de su última jornada de entrar en fase de fallo.
Tras cerca de cuatro semanas de audiencias, el Ministerio Público sostuvo que durante el juicio logró acreditar la existencia de una estructura organizada que permitió la emisión de boletas por servicios no prestados, la salida de recursos públicos destinados a salud y la posterior circulación de dichos fondos entre distintos involucrados.
En esa línea, el fiscal Carlos Vidal mantuvo su acusación por fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y falsificación de instrumento público, solicitando condenas para los acusados de acuerdo con los distintos roles que habrían cumplido dentro del mecanismo investigado.
Los querellantes de la Corporación Municipal y de la Municipalidad de La Serena respaldaron dicha tesis. El abogado Gonzalo Pinochet sostuvo que «la conclusión racional es una sola: se utilizó la estructura de la Corporación Municipal para extraer fondos públicos de salud mediante boletas e informes falsos o ideológicamente falsos (…) y luego se ocultó o disimuló su origen mediante transferencias, cuentas, sociedades, bienes y movimientos patrimoniales», mientras que Adrián Vega afirmó que «una buena parte del dinero defraudado terminaba en poder de las cuentas del señor Cristian Muñoz».
Críticas a la
calificación jurídica
Las defensas, en tanto, coincidieron en cuestionar la forma en que la Fiscalía calificó jurídicamente los hechos, sosteniendo que la acusación incorpora delitos que no lograron acreditarse durante el juicio.
La defensa de Nicole Cadena y Cristian Muñoz, Pedro Orthusteguy, sostuvo que «la acusación fiscal ha hecho una construcción jurídica excesiva», argumentando que los hechos deberían ser recalificados a figuras penales de menor entidad y descartando la existencia de asociación ilícita y lavado de activos.
Una postura similar sostuvo la defensa de Bélgica Guerra y Marcos Seura, Román Zelaya, que cuestionó la amplitud de la acusación señalando que «lo que se hace finalmente es acusar a toda la gente involucrada por todos los delitos que se puedan incorporar», agregando que las penas solicitadas resultan desproporcionadas respecto de las conductas efectivamente acreditadas.
Uno de los alegatos más críticos fue el del abogado Carlo Silva, defensor de Carlos Rodríguez, quien aseguro que «la persecución penal del Ministerio Público es una propuesta masiva de persecución penal. Observamos un acto en donde cogimos un arma de gran calibre cargada de perdigones de efecto dispersivo, en donde finalmente tiene que caer el que caiga», afirmó.
El profesional agregó que «este fallo no puede estar resuelto desde el caiga quien caiga», insistiendo en que la responsabilidad penal debe analizarse individualmente y no mediante imputaciones generales.
En la misma línea, otras defensas cuestionaron la falta de precisión respecto de las conductas atribuidas a algunos acusados, señalando que la investigación no logró establecer con claridad «el dónde, cómo y cuándo» de varias de las imputaciones sostenidas por el Ministerio Público.
Por otro lado, las defensas de Carolina Martínez, Rodrigo y Natalia Vallejo, además de otros acusados incorporados al mecanismo mediante boletas de honorarios, insistieron en que sus representados no eran funcionarios públicos y que su participación se limitó a facilitar claves tributarias o permitir la emisión de documentos por servicios que nunca realizaron.
En ese contexto, solicitaron absoluciones por asociación ilícita y lavado de activos, además de recalificar los hechos a figuras penales vinculadas a la obtención fraudulenta de remuneraciones.
