El subsecretario Sebastián Figueroa aseguró que el principal desafío de la reconstrucción será dotar a las comunas de más apoyo profesional para ejecutar proyectos. Sobre los recursos extraordinarios reclamados por autoridades locales, afirmó que aún es prematuro hablar de cifras mientras continúan los catastros.

Por Joaquín López Barraza

Las lluvias cesaron y la catástrofe comienza lentamente a dar paso a otra etapa: la reconstrucción. En un escenario donde los municipios enfrentan la sobrecarga que dejó la emergencia y alcaldes junto a parlamentarios exigen recursos extraordinarios para financiar la recuperación, el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Sebastián Figueroa, conversó con Diario La Región sobre el rol que tendrá el organismo en esta nueva fase.

Su diagnóstico apuntó a fortalecer la capacidad de los gobiernos locales, aunque evitó profundizar en los mecanismos de financiamiento que hoy concentran el debate político.
Figueroa sostuvo que el foco de la Subdere estará puesto en fortalecer la capacidad de los municipios para ejecutar la reconstrucción mediante apoyo técnico y una postulación simplificada que permita acelerar el diagnóstico de daños y la formulación de proyectos de recuperación de infraestructura pública. La medida busca reducir los tiempos para que las comunas puedan acceder a asistencia técnica especializada y definir posteriormente el financiamiento de las obras mediante programas de la Subdere.

«Hay mucha capacidad y mucha vocación en los municipios, pero también hay una sobrecarga muy grande. Se hace necesario contar con más manos y más capacidad para abordar el desafío de la reconstrucción».

Más que la disponibilidad de recursos, el subsecretario identificó como principal desafío la capacidad de los municipios para ejecutar con rapidez la etapa que viene.
Ediles piden plata fresca, Subdere evita entrar al debate.

Sin embargo, el eje de la conversación cambió al abordar el financiamiento de la reconstrucción. Durante los últimos días, alcaldes y parlamentarios plantearon que la recuperación de la región requerirá recursos extraordinarios y advirtieron que no debiera financiarse mediante reasignaciones presupuestarias, estimando un costo superior a los US$500 millones.

La solicitud encontró respaldo transversal entre parlamentarios de la región. Entre otras medidas, el senador Matías Walker propuso incorporar a la Región de Coquimbo al capítulo de reconstrucción de la denominada «megarreforma» mediante un veto aditivo del Ejecutivo.

La declaración también fue suscrita por alcaldes y legisladores de distintos sectores políticos, con excepción del diputado Marco Sulantay y el senador Sergio Gahona, quienes no participaron de la reunión.

Consultado por los mecanismos de financiamiento, Figueroa no detalló cómo podrían obtenerse recursos extraordinarios para la reconstrucción. En cambio, sostuvo que aún es prematuro hablar de cifras mientras continúan los catastros y la atención de las familias afectadas.

«Más que hablar de recursos y ponernos hoy día a hacer estimaciones cuando todavía no hemos tenido los catastros y no hemos logrado dimensionar el tamaño y la magnitud de la pérdida de infraestructura pública, hay que poner en el centro a las familias».

Para el subsecretario, el desafío de la reconstrucción no estará únicamente en conseguir recursos, sino también en contar con la capacidad técnica para ejecutarlos.

«Siempre cuando hemos enfrentado procesos de reconstrucción hay cuellos de botella que se forman desde la capacidad técnica y también desde la capacidad de proveedores que permitan abordar el desafío de la reconstrucción».

Así, mientras alcaldes y parlamentarios mantienen el foco en el origen de los recursos que financiarán la reconstrucción, la Subdere busca instalar otra preocupación: fortalecer la capacidad técnica de los municipios para acelerar la formulación y ejecución de proyectos una vez concluyan los catastros de daños. Paralelamente, el organismo anunció una modalidad extraordinaria de postulación simplificada para agilizar la asistencia técnica y el diagnóstico de infraestructura afectada.