Las semanas pasan y la localidad de Diaguitas, en el corazón del Valle de Elqui, continúa conmocionada por el asesinato de Anne Gray, mujer estadounidense atacada la mañana del lunes 10 de agosto por un ciudadano venezolano.

Por René Martínez Rojas

Un crimen que no tardó en esclarecerse, pues el único imputado fue detenido a los minutos, gracias a la colaboración de los propios vecinos del sector.

Hoy, C.E.R.H., se encuentra recluido en prisión preventiva a la espera de la audiencia que se desarrollará hoy, donde se discutirá la suspensión del procedimiento conforme al artículo 458 del Código Procesal Penal, mientras llega el informe del Servicio Médico Legal, y saber si efectivamente es inimputable o no.

En concreto, lo que busca la defensoría es que se ordene su traslado inmediato a un centro psiquiátrico y que se reemplace la prisión preventiva por la internación provisional. ¿Dónde? El recinto sería el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, ubicado en la Región de Valparaíso, que sin embargo tiene una lista de espera.

Mientras, se mantendría en el módulo 95 que tiene el centro penitenciario, donde pueda continuar con su atención médica y poder desocupar el centro de salud al interior del penal.
Para ello, la defensora pública Rocío Riveros cuenta que «hay bastantes indicios que permiten desde ya configurar esta inimputabilidad, y eso implica podría eventualmente incidir en la medida cautelar que actualmente afecta a mi representado, así como en las peticiones que el Ministerio Público podría formular en un eventual juicio».

De acuerdo con la profesional, los antecedentes disponibles hasta ahora son preliminares y todavía está pendiente el informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal (SML), documento que deberá determinar si efectivamente el hoy detenido presenta una condición de inimputabilidad.

De hecho, cuenta que para poder suspender el procedimiento no se exige este informe del SML, «sino que antecedentes previos calificados».

Y entre los elementos que fueron considerados por la defensa se encuentra el dato de atención de urgencia realizado al imputado después de su detención. Además, se suma un informe elaborado por Gendarmería, «a propósito de una evaluación que solicité como defensa una vez que ingresara al centro penitenciario, que concuerda con el mismo diagnóstico que el dato de atención de urgencia había esbozado de psicosis lúcida…», agrega.

Antecedentes técnicos suficientes

A propósito de los antecedentes relativos al estado de salud mental del imputado y la necesidad de contar con una evaluación psiquiátrica especializada, Marcelo Castillo Ranjel, director jurídico del municipio de Vicuña, comentó que «en nuestra calidad de querellantes continuaremos participando activamente en la causa, procurando que toda decisión se adopte sobre la base de antecedentes técnicos suficientes y con pleno respeto al debido proceso».

Dijo entender la «preocupación que este tipo de hechos genera en la familia afectada, en los vecinos y en la comunidad», y desde su rol institucional, «seguiremos atentos al desarrollo de esta causa y a aquellas situaciones que puedan afectar los intereses de nuestros vecinos».