La empresa retiró los recursos de casación y queja que mantenía ante el máximo tribunal, argumentando que busca no obstaculizar las solicitudes de invalidación presentadas contra la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025.
Por Joaquín López Barraza
Un nuevo giro tuvo este lunes la tramitación del proyecto minero-portuario Dominga, luego de que Andes Iron se desistiera de los recursos de casación y queja que mantenía ante la Corte Suprema.
La decisión implica que el máximo tribunal no emitirá un pronunciamiento sobre esas acciones y que la discusión vuelve a centrarse en la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025, que rechazó el proyecto. El desistimiento ocurre mientras se encuentran en trámite solicitudes de invalidación presentadas contra dicha resolución.
En una declaración pública, Andes Iron explicó que tomó la decisión precisamente para permitir que esas solicitudes puedan avanzar.
«Andes Iron ha decidido desistirse de los recursos de casación y de queja que había interpuesto en miras a lograr una adecuada ejecución de dicha sentencia judicial», señaló la compañía.
La empresa sostuvo que la Corte Suprema se encontraba tramitando ambos recursos, situación que, según su versión, mantenía congelado el avance de las solicitudes de invalidación.
La disputa
vuelve a la vía
administrativa
Andes Iron vinculó directamente su decisión con la posibilidad de que esas solicitudes sean revisadas por la institucionalidad ambiental.
«En las actuales circunstancias, Andes Iron estimó como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato», indicó la compañía.
La empresa se refiere a la resolución adoptada por el Comité de Ministros en enero de 2025, que rechazó nuevamente Dominga luego de que el Primer Tribunal Ambiental ordenara un nuevo pronunciamiento sobre el proyecto.
Andes Iron sostiene que esa decisión administrativa contradijo lo resuelto previamente por el tribunal ambiental. En su declaración, la compañía recalca que aquella sentencia «validó categóricamente la evaluación ambiental del proyecto y su posterior calificación favorable».
El escenario judicial había tenido un nuevo capítulo durante este año. En marzo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta suspendió los efectos de una resolución previa y restituyó la vigencia de la autorización ambiental de Dominga, mientras continuaba la discusión ante la Corte Suprema.
En agosto, además, Andes Iron anunció el inicio de obras tempranas en La Higuera, señalando que estas se realizaban en el marco de los compromisos establecidos en su Resolución de Calificación Ambiental. En ese momento, la empresa todavía mantenía recursos pendientes ante la Suprema.
Ahora, con el desistimiento, esa tramitación ante la Corte Suprema llega a su fin y la atención se desplaza nuevamente hacia las solicitudes de invalidación contra la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025.
Andes Iron aseguró que su decisión responde a la necesidad de no obstaculizar ese proceso y manifestó su «respeto y deferencia» hacia las organizaciones sociales que impulsaron las solicitudes de invalidación.
