En un concejo extraordinario de ayer jueves, el alcalde y su equipo analizaron el tema del despido de 226 funcionarios del municipio. «No hay ítems menores en esta crisis», replicó el edil. El abogado del organismo detalló que la desvinculación de estas personas significará un ahorro de hasta mil millones en
cinco meses. Hubo dispares opiniones entre los concejales.
El concejal del PC Camilo Ruiz, puso el tema en tabla y emplazó directamente al jefe comunal para que detallara las razones que llevaron a tomar la decisión. El fiscalizador pidió dejar de tomar decisiones «para la galería» y puso en duda el plan de austeridad del alcalde.
Eduardo Molina, jefe jurídico de la municipalidad, manifestó que es potestad del alcalde la contratación y desvinculación de funcionarios, argumentando que no hubo utilización arbitraria ni ilegal para los despidos. «Se ha hecho uso de la facultad que se da en las cláusulas de contrato».
En esta línea, Alí reiteró que es una medida dolorosa, pero condenó ciertos rumores en redes sociales. «Se ha hablado de caravana de la muerte, no podemos hacer comparaciones con temas tan delicados».
En el detalle, se informó que los trabajadores despedidos significaban un gasto mensual de $ 237.934.000. Además, se dijo que 41 de ellos fueron reincorporados por ser trabajadores con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y aquellos que se desempeñan en funciones críticas. En conclusión, existe un déficit de $ 6 mil millones para cubrir sueldos de funcionarios entre el mes de agosto a diciembre.
«La plata nos dura hasta el mes de julio, después necesitamos suplementar la cuenta en 6 mil millones, el panorama es bastante negro, el presupuesto vigente es de 9 mil millones, pero hasta julio está todo gastado, en verdad estamos haciendo un esfuerzo significativo para darle vialidad al programa», decía el abogado.
Guido Hernández, concejal RN, pidió unidad en el concejo y brindó todo el apoyo al alcalde. Mismo parecer tuvo el independiente Felipe Velásquez, no obstante, sí le hizo una petición a Manouchehri: «Las desvinculaciones son decisiones del alcalde y no deberían ser refutadas por el concejo, sin embargo, pido al alcalde revisar caso a caso a los funcionarios que fueron cesados de sus funciones, es importante que eso se haga».
Por su parte, Nelson Martínez, del partido comunista, señaló que existen casos de funcionarios con sueldos menores a 450 mil pesos que fueron desvinculados.
Mientras Freddy Bonilla pidió transparentar si es que habría o no más desvinculaciones durante los próximos días.
Los minutos pasaban y el alcalde se mostraba sentimentalmente tocado por los días vividos. «Poner término a todos estos contratos no es algo que me llene de tranquilidad ni de orgullo, llegar a mi casa y saber que estoy golpeando a cientos de familias, créanme, que no me hace sentir bien».
Para tomar una decisión de ese calibre, la nueva administración habría empezado por solicitar información a la oficina de recursos humanos, luego tuvieron reuniones con el departamento de finanzas, y habrían ocupado de base el informe número 9 emanado desde Contraloría
«Nos encontramos en una situación más que critica, la Contraloría evidenció que la cuenta presupuestaria se dispara hasta los 15.800 millones de pesos, es decir con un alza del 62%».
Una serie de manifestaciones se han producido en las afueras de calle Bilbao. Alí se mostró claro en su respuesta.
«Las personas desvinculadas están en todo su derecho de realizar demandas legales, pero nosotros estamos facultados para haber llevado a cabo las decisiones que tomamos».
En esa línea desmenuzó el panorama en concreto. «Eran puestos que pudimos suplir con gente de planta o a contrata, el termino a asesores externos, terminamos con las dobles contrataciones»
Una que se sumó a las críticas fue la única mujer del concejo, Sonia Elgueda, independiente, señaló que aún falta transparencia en el proceso. «Le pido alcalde que debería mostrar más claro aún a quién se está despidiendo, y que realmente sea a gente que cometió errores y no a cualquiera. En Coquimbo hay nepotismo y hay que eliminarlo de raíz».
Irregularidades que son también investigadas por el ministerio público, recordó el alcalde, instancia donde el jefe comunal ha mostrado todas las garantías para apoyar el proceso judicial.
«Me parece más violento hoy día no pagar sus remuneraciones y comprometer el erario municipal en las condiciones ya descritas», finalizó Manouchehri.
