LA REGIÓN tuvo acceso a la orden de compra (N°624-15-SE22) emanada desde el Gobierno Regional de Coquimbo, por trato directo, para la contratación de la asesoría del Estudio jurídico Gajardo y Norambuena, representada por el ex fiscal Carlos Gajardo. Desde el Gobierno Regional señalaron que tienen que pagar los costos y hacerse cargo, por medio de vías legales, para enmendar «el gravísimo error» que significó la pérdida de $ 9.800 millones, aprobado por el actual Consejo Regional.
El pasado lunes fue presentado como representante del Gobierno Regional en la causa del Papaya Gate, el ex fiscal Carlos Gajardo. En la instancia había señalado que había diversos hechos de corrupción que están hoy día siendo investigados. «El más grave es el que se conoce como el Papaya Gate, por la compra de un terreno en más de 9.800 millones de pesos, cuando las tasaciones indicaban que ese terreno no costaba más de 4 mil millones. Hay ahí un hecho que debe ser investigado».
Para ponerlo en contexto, la causa del Papaya Gate se da a conocer en septiembre del 2020, el Gobierno Regional, en aquel entonces representado por la ex intendenta Lucía Pinto, quien renunció cuando se supo la noticia, decidiera comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias que buscaba venderlos en 9.800 millones de pesos.
La autoridad había aprobado cuatro contratos para lograrlo, pero uno a uno fueron rechazados por la Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad. Este hecho motivó a que se iniciara un sumario administrativo, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designara a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que indague el delito de fraude al fisco, en donde además se sumó el Consejo de Defensa del Estado con una querella.
La causa a la fecha
sigue sin ser formalizada
En el sitio web del Mercado Público, lugar en donde deben hacerse las transacciones con los organismos del Estado, está disponible la orden de compra N° 624-15-SE22, entre el Gobierno Regional de Coquimbo y el Estudio Jurídico Gajardo y Norambuena, representada por el ex fiscal Carlos Gajardo, de donde se desprende que el acuerdo fue mediante la modalidad de trato directo por un valor de $ 13.200.000.
La orden de compra figura con fecha 25 de febrero, es decir, tres días antes que fuera presentado Carlos Gajardo como la figura que llevará la causa del Papaya Gate.
El documento señala que cuenta con disponibilidad presupuestaria y será pagado a 30 días contra la recepción conforme de la factura.
Desde el Gobierno Regional informaron que actualmente el organismo cuenta con cuatro abogados, uno nuevo, que es el jefe del área jurídica, y tres que vienen de la administración anterior, pero que no tienen experiencia en temas legales sino que administrativos, que es lo que requiere el servicio.
Señalan que el principal objetivo es requerir asesoría jurídica externa para más transparencia, y el servicio del ex fiscal del Ministerio Público y abogado, Carlos Gajardo, quien es reconocido por llevar emblemáticos casos de corrupción en el país, obedece a la necesidad de darle celeridad a eventuales delitos que se cometieron bajo la administración de Lucía Pinto.
«Lamentablemente tenemos que pagar los costos y hacernos cargo por medio de las vías legales para enmendar el gravísimo error que significó una pérdida de $ 9.800 millones para el Gobierno Regional, aprobados por el actual Consejo Regional de Coquimbo», añaden.
El Gobierno Regional da a conocer que tienen los servicios y la voluntad de uno de los mejores abogados del país, con un contrato acorde a los valores del mercado para atender el peor caso de corrupción en la historia de la región.
«Hay que recalcar que estamos arreglando un problema que dejó la administración de Lucía Pinto con platas aprobadas por el actual Consejo Regional».
