Este martes, la comisión investigadora del Papaya Gate aprobó el informe de conclusiones emanado por la instancia, en donde acordaron, entre otros aspectos, que los dineros sean devueltos al Gobierno Regional. En paralelo, insistieron en la lentitud de la investigación penal que ya se aproxima a cumplir un año.
La comisión investigadora del Papaya Gate en la Cámara de Diputados llegó a su fin, ya que este martes se revisaron las conclusiones del informe que fue aprobado por la instancia, que busca colaborar con el proceso investigativo.
Estuvieron presentes los diputados Matías Walker, Marcelo Díaz, Raúl Saldívar, Pedro Velásquez y Daniel Núñez, quien presidía la comisión.
Respecto al primer punto, que fue aprobado por unanimidad, los parlamentarios acordaron que la ex intendenta Lucía Pinto es la responsable política del mayor caso de corrupción en la región de Coquimbo, en donde señalan que «a la luz de la serie de antecedentes y testimonios recabados durante el funcionamiento de esta comisión investigadora, hemos llegado a esa convicción».
Otras de las conclusiones apunta al ex administrador regional José Cáceres, señalado como «un gestor de intereses privados propios… Maneja el dinero del gobierno, pagó el sobreprecio». Además, insisten en que a través de la querella del CDE se conoció que Cáceres y su conyugue eran parte de la propiedad de las inmobiliarias propietarias.
Uno de los puntos más relevantes dice relación con que los dueños de las inmobiliarias que concretaron el negocio hagan el reintegro de los dineros, pero acordaron que «en vez de decir que devuelvan al gobierno de Chile, lo restituyan al gobierno regional», puntualiza Matías Walker.
«Junto con respaldar la acción penal que lleva adelante el CDE, creemos necesario e indispensable ejercer la nulidad absoluta del contrato de compraventa, se deje sin efecto la inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces y se generen las indemnizaciones en cuanto a devolución de los montos», añaden.
Esperan que el Ministerio Público actúe con máxima agilidad y diligencia en la investigación de estos graves hechos. Desde que el caso se hizo conocido públicamente a través de una denuncia periodística, ya ha pasado casi un año.
«A la luz de los antecedentes de esta comisión, no solo se habría consumado el delito de fraude al Fisco. Creemos que también podría establecerse los delitos de negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada», cierran las conclusiones.
El informe deberá ser revisado y votado en la sala del Cámara de Diputados para ser puesto a disposición de organismos como el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y de la Justicia.
«A la luz de los antecedentes de esta comisión, no solo se habría consumado el delito de fraude al Fisco. Creemos que también podría establecerse los delitos de negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada», cierran las conclusiones.
