Detrás de la futura planta desaladora de la Región de Coquimbo hay una pregunta clave: ¿quién paga realmente los más de 300 millones de dólares que cuesta el proyecto?
Por Joaquín López Barraza
La respuesta no es directa, porque el modelo combina inversión privada, pagos del Estado y, en menor medida, el impacto en las cuentas de agua de los usuarios.
Un modelo sin gasto inicial del Estado
La planta se construirá bajo el sistema de concesiones. Esto significa que la empresa adjudicataria —en este caso Sacyr— será la encargada de financiar, diseñar y construir la obra, utilizando recursos propios y créditos bancarios.
El Estado, en cambio, no paga la construcción de inmediato. Su participación comienza una vez que la planta entra en operación, cuando se verifican los estándares técnicos y la entrega efectiva de agua.
Según el esquema del proyecto, el financiamiento también contempla subsidios a la inversión, distribuidos en cuotas durante la etapa de construcción, lo que permite reducir el costo total del sistema
El negocio: vender agua al por mayor
Una vez que la planta esté operativa —lo que se proyecta hacia 2029— comienza la fase clave del modelo.
Durante cerca de 20 años de concesión, la empresa operará la planta y venderá el agua desalada a la sanitaria Aguas del Valle, que es la encargada de distribuirla a los hogares.
El ingreso principal del concesionario proviene de ese pago por volumen de agua entregada, además de un sistema de ingresos garantizados por disponibilidad del servicio
¿Y qué pasa con el resto del agua?
El proyecto no está pensado solo para consumo humano. Es una desaladora multipropósito, lo que significa que el agua que no se destine a la sanitaria podrá venderse a otros usuarios, como industrias, minería y agricultura.
Estos ingresos adicionales permiten hacer más rentable el proyecto y reducen la presión sobre el costo que finalmente llega a los hogares.
El punto sensible: el precio del agua
Desalar agua es más caro que extraerla de ríos o napas subterráneas, principalmente por el alto consumo energético del proceso.
Por eso, es probable que el costo del agua aumente cuando la planta entre en funcionamiento. Sin embargo, el modelo contempla mecanismos para amortiguar ese impacto.
Por una parte, el Estado comprometió subsidios a la inversión, lo que reduce el costo base del proyecto. Por otra, pueden aplicarse subsidios directos a los usuarios más vulnerables, evitando que el alza en las tarifas sea abrupta.
Además, la tarifa del proyecto tiene un techo definido —en torno a 1,3 dólares por metro cúbico— lo que establece un límite al precio del agua en el sistema.
Un sistema que se paga en el tiempo
En la práctica, el modelo funciona como un pago diferido: la empresa privada invierte hoy en la construcción, y recupera ese dinero a lo largo de los años mediante la venta de agua.
El Estado, en tanto, participa subsidiando parte del costo y regulando el sistema, mientras que los usuarios finales financian indirectamente la operación a través de sus cuentas de agua.
