El senador Daniel Núñez, junto a representantes de la comunidad de la Parte Alta, recurrió a la Corte de Apelaciones alegando arbitrariedad en el cese de funciones de la entidad.
Por René Martínez Rojas
Una ofensiva judicial para evitar el cierre definitivo del centro comunitario de la Fundación de las Familias en la Parte Alta de Coquimbo lanzó este miércoles el senador Daniel Núñez junto a representantes de los usuarios del recinto.
La acción, materializada a través de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, busca que la justicia declare como «arbitraria e ilegal» la decisión de terminar con la personalidad jurídica de la entidad y el cierre de sus dependencias territoriales.
Según expuso el parlamentario, la medida administrativa carece de transparencia y fundamentos sólidos, afectando directamente un beneficio social que calificó como «significativo» para el tejido vecinal del sector.
«El Gobierno hasta ahora no ha sido claro ni transparente en cuáles son los motivos. Solo tenemos la versión que dio el presidente del directorio al sindicato, señalándole que esto se cerraba. Queremos que la ministra dé la cara y explique qué está pasando», sostuvo.
Cifras y
«opacidad»
administrativa
También manifestó que solicitará «que se declare arbitrario el recorte que se hizo de 525 millones de pesos por parte del Ministerio de Hacienda hace tres semanas y que se de vida al convenio por el cual se debería entregar 244 millones a la Fundación La Familia de parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género».
Debido a la gravedad de la situación, que también afectaría a otras dos fundaciones a nivel nacional, el Senado citó a una sesión especial para el próximo 9 de junio con el fin de analizar el impacto de estas desvinculaciones presupuestarias.
El factor humano
Más allá de la controversia financiera, el recurso de protección pone el foco en la presunta vulneración del derecho a la integridad física y psíquica de los usuarios, en su mayoría adultos mayores que han hecho del centro comunitario su principal espacio de integración.
Juan Roa, usuario del centro hace 15 años e integrante del club de adulto mayor Feyentún, es quien encabeza la representación de los afectados en la justicia.
«Nos congregamos ahí porque no tenemos sede. Es un lugar de acogida para todo tipo de personas, donde hemos desarrollado encuentros generacionales, reflotando la costumbre de contar cuentos a los niños y creando lazos afectivos», relató.
Y agregó: «Soy cristiano y sé que la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Y la función que cumple la Fundación de las Familias es tan importante para el desarrollo de todas las familias que hay, principalmente en el entorno, ya que es un lugar de acogida para todo tipo de personas: desde niños hasta adultos mayores».
Roa enfatizó que no solicitan beneficios asistenciales, sino la preservación de un espacio de desarrollo: «No se está pidiendo una ayuda como beneficio, como una caja de alimento, por ejemplo. Esto trasciende más allá, porque nosotros tenemos y nos comprometemos con la función de que haya un buen desarrollo para toda la familia. Y me hice responsable de este recurso en representación de unas 700 personas que se verán afectadas directa e indirectamente».
Contradicción política
En su declaración, el representante de los adultos mayores también apuntó a una contradicción entre el discurso institucional y las acciones de presupuesto.
«El presidente José Antonio Kast es pro familia, es pro matrimonio, hay un ministerio de desarrollo Social y familia, entonces no entiendo por qué, bajo un pretexto de un recorte presupuestario, puede afectar tan gravemente esto», sentenció.
