Hace tres semanas, Diario La Región advirtió sobre la incertidumbre que atravesaba la Fundación de las Familias en Coquimbo, luego de que trabajadores denunciaran internamente el posible cierre de programas y centros comunitarios. Hoy, el conflicto escaló a nivel nacional.
Por Joaquín López Barraza
Durante las últimas horas, Emol reveló que la Fundación de las Familias (Funfas), creada en 1990 por la ex Primera Dama Leonor Oyarzún, inició un proceso de cierre ordenado tras una pérdida de sostenibilidad financiera, reducción de cobertura y déficit presupuestario.
Sin embargo, distintas voces comenzaron a cuestionar la lectura instalada sobre un supuesto «deterioro estructural» inevitable de la institución, apuntando más bien a una pérdida progresiva de apoyo estatal hacia programas comunitarios que seguían funcionando territorialmente.
La ex ministra y ex candidata presidencial Mariana Aylwin, hija de Patricio Aylwin y Leonor Oyarzún, sostuvo que el cierre representa una señal preocupante respecto al debilitamiento de espacios comunitarios orientados a sectores vulnerables.
«Todas estas actividades que se hacen a nivel comunitario son importantes. Hoy día necesitamos fortalecer lazos comunitarios y este tipo de instituciones aportan en ese sentido», señaló.
A juicio de Aylwin, el problema va más allá de la situación administrativa de la fundación y refleja una pérdida de foco sobre pobreza y trabajo territorial.
«La pobreza existe y es dura. Y las instituciones que hay en los sectores de pobreza son pocas, y esas instituciones hacen mucho por esas comunidades», afirmó.
La ex ministra además cuestionó que, pese a los argumentos sobre deterioro financiero, la fundación continuara ejecutando programas y manteniendo presencia comunitaria incluso después de su traspaso formal al Ministerio de Desarrollo Social y Familia en 2019.
En la Región de Coquimbo, el debate escaló aún más luego de que el senador Daniel Núñez anunciara la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena junto a adultos mayores beneficiarios del Centro Comunitario de la Parte Alta de Coquimbo.
Según explicó el parlamentario, la acción judicial busca impugnar el recorte presupuestario de más de $515 millones aplicado a la fundación, exigir el cumplimiento de convenios pendientes con Senama y evitar el eventual cierre administrativo de la institución.
«Nos parece una medida arbitraria que le niega un beneficio social y una mejor calidad de vida a decenas de adultos mayores», sostuvo.
El recurso además argumenta que las medidas vulnerarían principios de progresividad y no regresión establecidos en tratados internacionales sobre derechos de personas mayores, además de afectar acceso a recreación, participación comunitaria y actividades educativas.
Desde el mundo democratacristiano, el consejero regional Lombardo Toledo también criticó el eventual cierre, vinculándolo con una pérdida del sentido de solidaridad que —a su juicio— marcó los primeros años de la transición democrática. «Las instituciones que hay en los sectores de pobreza son pocas y hacen mucho por esas comunidades», afirmó.
La Fundación de las Familias actualmente desarrolla programas de alfabetización digital, talleres comunitarios y apoyo territorial en distintos sectores vulnerables del país. En Coquimbo, trabajadores habían advertido previamente que la reducción de recursos ya estaba afectando el funcionamiento cotidiano del recinto ubicado en la Parte Alta de la comuna.
