Se trata de Juan Francisco Fernández, quien se desempeñaba como conductor del Gobierno Regional y cuyo contrato no fue renovado por la gobernadora Krist Naranjo, por lo que decidió ir a la justicia, en donde la Corte de Apelaciones le dio razón y deberá ser reintegrado en las mismas condiciones de cuando fue desvinculado, además las remuneraciones de los meses en que estuvo fuera también tienen que ser pagadas.
La historia se remonta a agosto del 2019, cuando Juan Francisco Fernández ingresó a prestar servicios para el Gobierno Regional de Coquimbo, cumpliendo funciones como funcionario auxiliar en la oficina de partes y después, a principios de 2022, lo derivaron a las funciones de conductor, trabajando bajo la supervisión directa del Jefe de Administración y Finanzas del mismo organismo.
Posteriormente, a fines del 2019, mediante una resolución, fue renovado su contrato para el año 2020, y luego para el 2021 y 2022, completando de este modo tres renovaciones consecutivas.
Y fue el 5 de diciembre del año recién pasado, cuando Fernández fue notificado de una resolución exenta, con fecha de 30 de noviembre de 2022, cuando la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, resolvió poner término a sus servicios, no renovando su contrata para el año 2023.
Por lo que Juan Francisco Fernández decidió ir a la justicia, argumentando que fue un hecho «ilegal y arbitrario».
Tras un largo proceso judicial, el pasado martes, la Corte de Apelaciones La Serena acogió el recurso de protección, «conforme a la constatación de las ilegalidades y arbitrariedades descritas, debiéndose en consecuencia proceder por el Gobierno Regional de la Región de Coquimbo del modo como se indica», señala el fallo.
Agrega que «por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge con costas la acción deducida por el abogado Jorge Villar Gutiérrez en representación de Juan Francisco Fernández, en contra del Gobierno Regional de la Región de Coquimbo».
Además, la justicia ordenó la inmediata reintegración del funcionario desvinculado, con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta su efectiva reincorporación.
Por otro lado, el reintegro del funcionario se realizará en las mismas condiciones en las que aquel se desempeñaba al momento de ser desvinculado.
Tras conocer el resultado, Jorge Villar, abogado que representa al afectado, señala que «con mucha satisfacción recibimos el fallo de la Corte de Apelaciones respecto del recurso de protección que presentamos en favor del trabajador del Gobierno Regional, el funcionario Juan Francisco Fernández».
Explica que «el fallo que ha dictado la Corte acoge el recurso de protección y ordena su reincorporación como funcionario del Gobierno Regional, estimando nuevamente que ha habido una situación de ilegalidad de parte del Gobierno Regional en la desvinculación del funcionario».
«Estamos contentos por Juan Francisco, porque se ha hecho justicia y la Corte de Apelaciones de La Serena ha ordenado su reincorporación», enfatizó.
