La iniciativa comenzó su tramitación en la Cámara de Diputados y busca limitar el acceso adolescente a plataformas digitales. Parlamentarios de la Región de Coquimbo ya comenzaron a fijar posiciones.
Por: Valentina Echeverría O.
Un importante debate abrió en el Congreso el proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años en Chile. La iniciativa, impulsada en la Cámara de Diputados a través de su Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, ha generado distintas posturas respecto al rol del Estado, la protección de la salud mental y la supervisión familiar frente al uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes.
La propuesta apunta a impedir que menores de edad puedan crear o mantener cuentas en plataformas digitales, incluso con autorización de sus padres, siguiendo ejemplos impulsados en países como Australia y Francia. El proyecto, además contempla medidas relacionadas con el acceso de menores a sitios de apuestas online y contenido para adultos.
Al respecto, el diputado Daniel Manouchehri respaldó avanzar en una regulación más estricta, señalando que hoy existe una exposición sin control a plataformas digitales diseñadas para captar la atención de los adolescentes. En esa línea, sostuvo que «que un joven de 14 o 15 años esté expuesto sin ningún filtro a plataformas diseñadas para enganchar, no para educar, es un problema real y lo vemos en los colegios, en las familias, en la salud mental de los jóvenes».
El parlamentario agregó que las redes sociales no son neutrales y acusó que sus algoritmos promueven contenido dañino entre menores. «Desde la Comisión de Ciencias y Tecnología vamos a legislar en esto. Necesitamos una regulación con dientes, que proteja de verdad a los menores y que le dé herramientas concretas a las familias», afirmó.
Una postura similar manifestó el diputado Marco Antonio Sulantay, quien vinculó el uso de redes sociales con distintos delitos que afectan a niños y adolescentes. Según indicó, actualmente estas plataformas «se han convertido en un vehículo más para cometer diversos delitos», apuntando a la falta de normativas regulatorias orientadas a proteger a menores de edad.
En ese contexto, el parlamentario mencionó casos de pedofilia y reclutamiento de jóvenes por bandas ligadas al crimen organizado a través de plataformas digitales. «Nosotros creemos que asimilar una legislación de este tipo a países como Australia, por ejemplo, contribuirá de alguna forma a proteger nuestra infancia y juventud de los males que acechan en el mundo digital», sostuvo.
Más cauta fue la diputada Carolina Tello, quien señaló que la discusión no debe centrarse únicamente en prohibir o permitir las redes sociales, sino en cómo abordar de manera integral sus efectos en niños y adolescentes.
En esa línea, Tello sostuvo que el Congreso debe avanzar en mayores mecanismos de protección digital, aunque advirtió que las restricciones por sí solas no resolverán el problema. «No basta solo con prohibir: necesitamos fortalecer la educación digital, el acompañamiento familiar, la salud mental y exigir mayor responsabilidad a las plataformas tecnológicas, que muchas veces funcionan sin controles efectivos sobre los contenidos que consumen menores de edad», indicó.
Asimismo, planteó que «el desafío es encontrar un equilibrio entre proteger a la infancia y garantizar derechos, con base científica, evitando respuestas meramente simbólicas o difíciles de aplicar en la práctica».
Por su parte, el diputado Erich Grohs llamó a abordar la discusión con rigurosidad técnica y evitando posiciones apresuradas respecto a la iniciativa. El parlamentario sostuvo que se trata de «un debate complejo» que debe desarrollarse al interior del Congreso escuchando distintas visiones expertas antes de avanzar en una eventual regulación.
En ese sentido, planteó la necesidad de considerar la opinión de psicólogos, educadores y agrupaciones de padres para evaluar el impacto real de una medida de este tipo. «Debemos evaluar con objetividad si una prohibición de este tipo es fiscalizable en la práctica, o si el camino óptimo requiere dotar de mejores herramientas de educación digital y corresponsabilidad parental».
