Fuentes al interior de Andes Iron han afirmado que la conciliación sería
la última etapa en que podrían seguir batallando jurídicamente, instancia
que está programada para el próximo miércoles 12 de enero en la Corte Suprema.
Falta menos de una semana para que la Corte Suprema nuevamente revise la causa del proyecto minero portuario Dominga a cargo de Andes Iron, luego que a fines de noviembre escuchara los alegatos de los recursos de casación que busca anular el fallo del Primer Tribunal Ambiental que ordenó que la iniciativa se votara nuevamente en la Comisión Regional de Evaluación Ambiental.
Después de los alegatos, los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, rápidamente dieron a conocer mediante un escrito que la causa había quedado «en acuerdo», vale decir, que se conocía la posición del pleno, la que pronto debería ser dada a conocer.
Pero, mediante otra resolución, firmada por los mismo ministros, señala que «vengan todas las partes a comparendo de conciliación, personalmente o debidamente representadas y con facultades para transigir, a la audiencia del día miércoles 12 de enero de 2022, a las 13.30 horas».
Asimismo indica que «el Primer Tribunal Ambiental velará por la oportuna notificación de todos quienes fueron admitidos como parte en este proceso, incluyendo a los terceros coadyuvantes e independientes».
Cuando se conoció la determinación, el abogado Fernando Roco, quien representa a la Asociación Comunal de La Higuera, había afirmado que «la Corte Suprema, después de escuchar los alegatos, en mi criterio considera que el asunto es viable de resolverse mediante un acuerdo de las partes, eso es la conciliación una alternativa a la dictación de una sentencia, por medio de la cual las partes se ponen de acuerdo, ceden en sus posiciones y logran un acuerdo».
Mientras que Ezio Costa, abogado de Oceana y director de la ONG Fima, comenta que ve difícil que se pueda llamar a un acuerdo, «estamos hablando de bienes indisponibles, comunes o naturales, que no se puede tomar una decisión en este tipo de instancia, además es un juicio que versa sobre la legalidad o ilegalidad de un acto de administración del Estado, que tampoco es algo que se pueda conciliar, si cumplió o no con la normativa es algo que debe ser resuelto por los jueces».
Buscar la conciliación entre las partes, sobre todo en casos complejos como lo es el proyecto Dominga, no es una medida fuera de lo habitual dentro de la jurisprudencia de la Corte Suprema, ya ha pasado en casos como la polémica termoeléctrica Central Castilla o la mina Cerro Colorado, en donde el máximo tribunal del país buscó acercar posiciones en medio del lío judicial.
