Durante el gobierno comunal anterior, Tránsito de la municipalidad de Coquimbo habría otorgado licencia de conducir clase B en circunstancias que el contribuyente en su certificado de antecedentes presentaba una anotación en 2006 de suspensión perpetua para optar al documento.
Esto se desprende de la auditoría de Contraloría Regional a la municipalidad de Coquimbo, entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.
Eso para determinar si los procedimientos aplicados en el otorgamiento de licencias de conducir son debidamente documentados y que sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registrados y contabilizados.
Del informe se desprende que la Contraloría constató que la municipalidad de Coquimbo otorgó una licencia de conducir clase B en circunstancias que el contribuyente en sus antecedentes presentaba una anotación del año 2006 que señalaba la suspensión perpetua para el otorgamiento de licencia de conducir, lo que implica una vulneración a lo dispuesto en la Ley de Tránsito.
Por tal motivo, el municipio deberá informar del avance del proceso de invalidación al otorgamiento del documento.
Además, la casa edilicia deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios, que con su omisión permitieron la ocurrencia de los hechos representados, debiendo remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría.
Otro de los resultados de la auditoría fue que el municipio emitió al menos cuatro licencias de conducir a personas que tenían domicilio en otras comunas, y algunos de los documentos no tenían firma del funcionario autorizado.
Por otro lado, se constató que los derechos municipales reglados en la ordenanza comunal, sobre «Cobros de derechos municipales por servicios, concesiones y permisos», aprobada mediante el decreto alcaldicio N° 1.550, de 2020, específicamente referidos con licencias de conducir, difieren en algunos casos con los conceptos cobrados en definitiva a los contribuyentes, detallados y valorados.
Asimismo, se determinó que en 31 operaciones, todas ellas originadas en diciembre de 2021, se cobró la suma de $ 1.050 por el trámite de emisión de certificado de antecedentes y no la tarifa de $ 1.250, como se venía cobrando, por lo que el municipio deberá efectuar el correcto cobro en la tramitación de los certificados de antecedentes necesarios para la obtención de la licencia de conducir.
