El Ministerio del Interior entregó visas humanitarias a 64 bolivianos que ingresaron indocumentados al país, engañados por una empresa privada que los contrató para realizar trabajos de manera informal en la provincia de Curicó.
Los 64 bolivianos recibieron una visa por un año que les permitirá decidir si se quedan en Chile o vuelven a su país.
Una investigación de la Fiscalía de la Región del Maule reveló que los bolivianos trabajaban en el montaje de torres de alta tensión para una empresa privada sin el permiso migratorio correspondiente.
«Queremos que ellos puedan tomar su decisión (…) Como gobierno les daremos las facilidades para que puedan salir», dijo la gobernadora de Curicó, Isabel Garcés.
Según la investigación judicial, la empresa subcontratista Paola Espinoza limitada trajo a Chile a los bolivianos ofreciéndoles buenas perspectivas laborales, pero una vez en el país, fueron obligados a trabajar en la instalación de las torres en una zona precordillerana de Curicó bajo pésimas condiciones.
Seis personas vinculadas a la empresa fueron detenidas y están acusadas de «tráfico de inmigrantes y trata de personas para ejercer trabajos forzados», dijo la fiscal Mónica Barrientos, quien tiene a su cargo el caso.
Otros 38 bolivianos también son investigados por la Dirección de Extranjería para determinar si se encuentran en las mismas condiciones que los otros 64.
