A pesar de la interpretación del Ejecutivo respecto de que los $6 mil millones menos no repercutirán en los pacientes, esto es imposible según quienes ya ven cómo los recintos públicos sobreviven con un desfinanciamiento estructural.
Por René Martínez Rojas
Una fuerte controversia ha generado el decreto gubernamental que reduce en más de 6 mil millones de pesos el presupuesto de salud pública para la Región de Coquimbo.
Porque mientras el Gobierno sostiene que la medida no afectará la atención a pacientes, los principales actores del sistema hospitalario calificaron la afirmación como «imposible», advirtiendo un colapso inminente en recintos que ya operan con déficit estructural.
Así lo afirmó, por ejemplo, el presidente regional del Colegio Médico, Fernando Carvajal.
«En ese contexto, durante el año pasado en la discusión del presupuesto, se planteó que se podría tratar de revertir esto, dando un financiamiento extra para poder sanear este tema y poder normalizar la cuenta de los hospitales. Pero resulta que lo que estamos viendo es que en vez de aumentar se va a reducir».
Cuenta además que se va a reducir en varios aspectos. Uno es el GRD, «que es una forma de financiamiento de las prestaciones de los hospitales, por lo tanto, se está afectando la atención de los pacientes; después dice que se reduce el presupuesto para las Prestaciones Institucionales, o sea las atenciones clínicas también se deberían ver afectadas, y finalmente otros dos aspectos, que son la compra de bienes y servicios… Obviamente se va a reducir la compra de insumos para la atención clínica y el desarrollo de los procesos de laboratorio, de imagen, además de los medicamentos propiamente tal».
En la misma línea, el presidente regional de la Federación de Trabajadores de la Salud (FENATS) Mauricio Ugarte, cuestiona lo que significa trabajar con menos personal debido a este ajuste.
«Es cierto que todavía no se toma una medida, pero está en evaluación despedir a 200 personas, al menos esa es la meta que se han fijado. Son gente que está trabajando, a lo mejor en una línea indirecta en algunos casos, pero son personas que están cumpliendo un rol, una función dentro del hospital».
El dirigente concluye que «cualquier actividad dentro de los hospitales va a terminar redundando, más tarde o más temprano, en la atención de los pacientes».
El senador Daniel Núñez lamentó la definición política detrás de este recorte, argumentando que «quieren instalar la idea de que se puede prescindir de los funcionarios de la salud sin afectar la atención, lo que es muy canalla de parte de la dupla Kast-Quiroz, que han decidido recortar recursos solo con el afán ideológico de reducir el Estado».
Además, el parlamentario comunista destacó que la versión del Gobierno es poco creíble, debido a que los hospitales de La Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel «ya funcionan con escasez de recursos y quitarles 6 mil millones no se reduce solo a menos horas extras».
Al mismo tiempo, estima que con esta decisión «termina de caerse su promesa de campaña que hasta hoy sostienen, sobre que no se verá afectado ningún derecho social, pero sin ninguna duda están afectando un derecho esencial como el de la salud».
El Consejo Consultivo del hospital San Pablo de Coquimbo es la principal instancia de representación de usuarios y su presidenta Yasna Angel advirtió que «cómo los recortes no van a tocar a las familias si yo tengo a mi hijo que tiene necesidad de medicamentos, tiene necesidad de pañales, tiene necesidad de insumos que entrega el hospital, y yo voy al hospital y resulta que no está el medicamento o no hay un insumo que yo tengo que costear y no tengo una red de apoyo…».
