La protesta generó un taco que se prolongó por casi 15 kilómetros y que se mantuvo por casi 5 horas, situación que provocó el malestar de miles de turistas que adelantaron su regreso al sur del país. Ante este escenario el Intendente Regional, Juan Manuel Fuenzalida, señaló que está al tanto de este problema pero que está impedido de referirse a los hechos porque la causa se está viendo actualmente en los Tribunales.
Fuenzalida afirmó que respecto a la instalación de la Minera Siglo XXI en la desembocadura y ribera del río Choapa es un tema que está judicializado, ya que existen recursos pendientes en la Corte Suprema, «por lo que hay que esperar el resultado de los Tribunales de Justicia y en base a eso podremos determinar los pasos a seguir».
Añadió que desde el momento en que se judicializa un asunto «uno queda inhibido de opinar», y habría que esperar el resultado del fallo para ver cuáles son las acciones que se seguirán y que las autoridades determinarán en su momento, por lo tanto, «emitir un comentario a favor o en contra es preferible dejarlo en su actual statu quo porque hay que esperar el fallo». Fuenzalida apuntó que lo que se pueda decir hoy día puede inhabilitarlo para los pasos futuros que se van a seguir, «lo que sí puedo decir es que vamos a apoyar a que funcione el estado de derecho y vamos a respetar la ley como se debe respetar».
En tanto la diputada, parlamentaria por Distrito 9, y que en el mes de enero de este año solicitó a la Ministra del Medio Ambiente una investigación con la finalidad de saber cuáles son las actividades de la Minera Siglo XXI la cual iniciaría la explotación de minerales manifestó que respalda a la Comunidad Agrícola de Huentelauquén en el intento de impedir que se instale una planta en la zona, «que no tiene los requisitos que se exigen para su instalación y porque no tienen un adecuado estudio de impacto ambiental», agregó.
Sostuvo que los abogados de la comunidad presentaron una denuncia acogida en el Tribunal de Los Vilos y que no fue acogida ante la Corte de Apelaciones de La Serena, lo que los llevó a apelar ante la Corte suprema.
