Cada 30 de julio se conmemora en el mundo la lucha contra este flagelo, que vulnera el derecho de las personas, y en la región, autoridades llaman a denunciar, especialmente en sectores rurales, que es donde más ocurre.
La trata de personas es un gravísimo delito que se ha extendido de modo notable en los últimos años, teniendo fundamentalmente a adolescentes y jóvenes de sexo femenino como principales víctimas.
En el país, la lucha contra este crimen ha tenido avances, pero debe intensificarse. En la región no hay muchos casos, pero no por eso se puede invisibilizar esta vulneración y flagelo a los derechos de las personas.
Y en el marco del Día Mundial Contra la Trata de personas, que se conmemora cada 30 de julio, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, ante la necesidad de crear una mayor conciencia sobre la situación de las víctimas, ayer en La Serena, a un costado de La Catedral, instituciones integrantes de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP) visibilizaron los servicios que disponen en materia de trata de personas e informaron sobre las características del delito, estrategias de prevención y mecanismos de denuncia, todo en el marco del enfoque de derechos humanos.
Para el fiscal jefe, Adrián Vega, instancias como estas sirven para que la gente «tome conciencia de que este delito existe, de que muchas veces está encubierto y que hay que estar con los ojos bien abiertos y los oídos atentos para poder determinar si existen situaciones como estas y denunciarlas ante la autoridad. Entonces para Fiscalía es muy importante esta difusión, ya que sin información no podemos investigar los casos».
Cuenta que en la región han tenido algunas investigaciones, «una está para juicio oral en Ovalle, por trata de personas para fines de explotación laboral, de personas bolivianas que estaban trabajando en predios del Limarí, y hemos tenido una que otra investigación respecto a ciudadanos chinos en Vicuña, que lamentablemente fue absuelto porque se entendió que no había esclavitud o trabajo forzado. No es tan inusual, pero hay que poner la alerta en labores agrícolas y también en cierta situación en la que puede haber explotación sexual de personas, especialmente mujeres extranjeras».
Por fines de explotación laboral, dice que es evidente en sectores rurales, «pues son personas que se trasladan, muchas veces trashumantes bolivianos. Pero es un fenómeno que puede darse y puede transformarse y tener distinto tipos de víctimas y de distintas nacionalidades».
Delito complejo
Desde la PDI, el prefecto Luis Romero señaló que los delitos de trata de persona a nivel mundial «han sido considerados un atentado a los Derechos Humanos, a la libertad, y lógicamente a las garantías fundamentales que le asiste a cualquier persona que por razones diversas pueda migrar a otro país».
Respecto de ello, «la PDI tiene especial atención a través del desarrollo tanto de investigaciones por parte de unidades especializadas, como asimismo de protocolos que han permitido de alguna manera sistematizar procesos investigativos que hacen plausible la investigación de este delito por parte del persecutor penal».
Por lo mismo, invitó a la ciudadanía a informar cuando tengan conocimiento o exista algún antecedente que pueda dar cuenta de este flagelo, «toda vez que este delito es bastante complejo, no obstante, contamos con los elementos metodológicos para poder hacerle frente en el lugar del país en que se presente».
A su vez, la defensora penal pública Inés Rojas, que además está subrogando en justicia, apuntó que «es necesario que la ciudadanía se sensibilice para los efectos de que pueda ser un agente que pueda servir para prevenir este delito, que es la explotación que sufren mujeres, niños, niñas y también varones que muchas veces han tenido que salir de su lugar de origen y se ven expuestos ante esta terrible situación, que es una vulneración a los Derechos Humanos».
