El parlamentario comunista por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, hizo un balance general de la comisión investigadora que finalizó el día lunes y cuyas conclusiones serán votadas en dos semanas. Expresó que ya no tenía dudas respecto a que habrían delitos, y por lo mismo se hará parte en una querella particular contra los responsables. De igual forma, sostuvo que los privados debiesen tener «un gesto» y no quedarse con «dinero mal habido».
La última sesión de la Comisión Investigadora por el escándalo denominado «Papaya Gate» se llevó a cabo la tarde del lunes, y para el presidente de la instancia, Daniel Núñez, «se logró cumplir con la tarea que nos encomendamos inicialmente».
En conversación con Diario La Región, el parlamentario sostiene que si bien todavía no hay condenas, «éstas ya llegarán», pero por lo pronto se pudieron establecer las responsabilidades de las autoridades que estaban al mando del Gobierno regional en ese momento. «Creo que queda clara la responsabilidad que tuvieron la ex intendenta Lucía Pinto, el ex administrador regional José Cáceres, y el ex jefe del departamento Jurídico Eduardo Espinoza, y es evidente que ellos están involucrados en esta estafa y Fraude al Fisco», manifestó, eso sí agregando que le hubiese gustado tener también a los dueños de las inmobiliarias, quienes precisamente estaban invitados para el último encuentro, pero se excusaron, señalando que no se referirían a la situación hasta que la justicia los llamara a declarar, algo que todavía no ocurriría, lo que también generó extrañeza en el parlamentario y la comisión en general. «A nosotros eso nos sorprendió un poco, porque uno esperaría que los empresarios ya hubiesen prestado declaración en Fiscalía, pero al parecer no es así, por lo que enviamos un oficio al Ministerio Público para que los cite pronto, porque estamos hablando de personas muy connotadas en la zona, y tenemos que saber si ellos estaban en conocimiento del delito o no», refirió Núñez.
¿JUEGO DE PODER?
Núñez es categórico al señalar que lo peor que podría pasar es que esto quedara impune, o que se den señales en este sentido. «Uno de inmediato tiende a pensar que cuando hay gente que tiene poder económico, la justicia los trata con guante blanco y no actúa con la misma firmeza que cuando se trata de otros delitos, porque obviamente que después de un año de investigación ellos debiesen haber sido llamados a declarar», precisó.
En este sentido emplazó a que los inmobiliarios, si no están involucrados en ningún delito, debiesen tener un gesto y devolver los dineros, «porque son dineros mal habidos, dineros que surgen producto de un fraude, y eso es algo gravísimo. Yo creo que sería una muy buena señal el que ellos de mutuo propio resarcieran el contrato y devolvieran a las arcas fiscales los 9.800 millones de pesos. Ahora, esta es una decisión que ellos deben tomar», enfatizó el diputado.
LA QUERELLA
Pese a que todavía no hay resultados por parte de la Fiscalía, Núñez enfatizó en que la querella que puso el Consejo de Defensa del Estado es categórica y descriptica respecto al cómo se habría operado. «Se remarca que la esposa de José Cáceres, hombre de confianza de Lucía Pinto, participa en la propiedad de las inmobiliarias que recibieron los 9.800 millones de pesos a través de lo que se llama sociedades cascadas. O sea, una sociedad que encubre a la otra, por tanto, estamos en condiciones de señalar que al patrimonio familiar de Cáceres llegaron parte de estos dineros, lo que es gravísimo», advirtió.
Anunció que se hará parte en la acusación penal, más allá de lo realizado en la comisión, que es meramente político. «Estoy recabando los antecedentes judiciales para querellarme y hacerme parte en la acción judicial, porque a estas alturas la manera de ejercer mi rol fiscalizador es a través de la justicia. Está claro que hubo Fraude al Fisco, y ya no hay denuncias que hacer, ahora hay que actuar y yo como diputado me puedo querellar, y lo voy a hacer de manera particular», finalizó.