Querella criminal contra Marcelo Pereira, evidenciaría traspaso de fondos de la ley de subvención escolar a la cuenta corriente del municipio

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Acompañado de un abogado del municipio, el alcalde de Coquimbo,
Alí Manouchehri, presentó una querella criminal contra el ex jefe comunal Marcelo Pereira y contra todos quienes resulten responsables de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

Hasta el Juzgado de Garantía de calle Melgarejo llegó el edil con una carpeta y una acción judicial concreta en contra de su antecesor. Delitos que supuestamente hacen referencia a la participación directa del ex demócrata cristiano en ordenar y autorizar traspasos de fondos de la Ley de Subvención Preferencial Escolar (SEP), a las cuentas ordinarias del municipio. Mismo caso habría sucedido con recursos públicos del Servicio de Salud.

MIL MILLONES
DE LA LEY SEP

El traspaso de dinero de la ley SEP se habría hecho mediante un decreto exento firmado el 22 de febrero de 2019, por la suma de $1.002.883.906, para efectos de pagar gastos relacionados con la gestión municipal, particularmente para pago de viáticos, sueldos, remuneraciones de prestadores de servicios, cancelación a proveedores y arriendo de un inmueble destinado al alcalde, ubicado en un acomodado barrio del sector La Herradura.

El 5 de diciembre de 2019, la ex autoridad, habiendo tomado conocimiento de los saldos disponibles en la cuenta corriente bancaria municipal y de la obligaciones contraídas, habría ordenado a la directora de Administración y Finanzas y al jefe del Departamento de Finanzas, efectuar un traspaso temporal de $1.300.000.0000 para dar cumplimiento a pagos de sueldos e imposiciones, traspaso al área de la salud para el pago de sueldos y laboratorio, pago de consumo de alumbrado público y otros.

Aquello habría sido alertado por los subalternos, quienes habrían puesto sus reparos al médico cirujano, señalando que la orden impartida podría llegar a configurar delito.

En la querella a la cual tuvo acceso LA REGIÓN, se evidenció la respuesta de Marcelo Pereira, quien insistió en los traspasos de dineros.

«Que los fondos a los que se refiere la instrucción, no tienen un destino inmediato, y en ningún caso debe dejar de cumplir su objetivo a la eventual devolución de estos, ya que esto debe ser solo una utilización temporal, cuya devolución no debe sobrepasar los 45 días».

El documento expresa que también durante el año 2019, el Servicio de Salud de Coquimbo transfirió a la Municipalidad un monto total de $4.292.126.052, constatándose que tan pronto el municipio recibía la transferencia de recursos, se procedía inmediatamente a efectuar pagos por conceptos de deudas provenientes de años anteriores y anticipos a rendir cuenta.

ALÍ: «TODO ESTÁ SOBRE LA MESA»

«Llevamos un mes y medio desde que nos tocó ingresar al municipio, donde hemos ido recopilando antecedentes que hoy nos permiten poner esta querella. La responsabilidad es del ex alcalde, quien lideraba la administración señaló el alcalde Manouchehri.
Pablo Galleguillos, abogado del municipio, detalló las supuestas irregularidades que se habrían reflejado en el área de recursos humanos de la entidad.

El pago de honorarios a gente que no habría ido nunca a trabajar, los famosos contratos fantasmas, las horas extras adulteradas y los dobles contratos.

El jurídico señaló que este es el primer paso de un largo camino judicial que se viene.
Instancias donde podrá extenderse la lista de personas querelladas. De paso aprovechó de indicar que el ex alcalde Pereira podría incluso pagar con una pena privativa de libertad.

EX JEFE DE GABINETE EN LA MIRA

Además, el texto pone sobre la mesa una serie de denuncias contra el funcionario de planta Juan Carlos Rojas, ex jefe de gabinete, acusado de recibir por doble contrato durante todo 2020 la suma de $6.743.332. Además de Patricio Reyes, ex administrador municipal, Miguel Ángel Cuadros, ex subadministrador municipal, María Teresa Collado, coordinadora del programa de «Voluntariado», y Mauricio Gálvez, coordinador Cruz del Tercer Milenio. Este último es acusado de servicios no ejecutados que habrían generado una pérdida de $12.779.389, en circunstancias en que se encontraba con «suspensión por investigación sumaria».

PROGRAMA VOLUNTARIADO

El programa de «Voluntariado» de la alcaldía pone en aprietos a Gustavo Cáceres y Jesús Castillo, quienes habrían emitido boletas electrónicas e informes de gestión ideológicamente falsas, para efectos de hacer cobro de prestaciones que no habrían sido ejecutadas.

TOMÁS YÁVAR NUNCA EJERCIÓ Y LE PAGARON IGUAL

Igual situación ocurriría en dependencias del Monumento Cruz del Tercer Milenio, en que Tomás Yábar habría sido contratado para cumplir funciones administrativas que nunca ejecutó. Estos y otros pagos hicieron un total defraudado de $ 42.477.996 en el año 2019.

«COMILONAS REFUTADAS POR CONTRALORÍA»

Las cenas y almuerzos del año 2019 también fueron apuntados como protocolos irregulares, cuyos costos fueron, en distintas citas, de $396.000, $396.000 y $308.000, respectivamente.

« Salidas a comer, comilonas, gastos en viajes al extranjero, todo esta semejeante deuda ha afectado a la comunidad» apuntaba el edil en las afueras del tribunal.
La Contraloría objetó aquello, como también gastos de compras de tarjetas de navidad y servicios de publicidad, difusión o impresión que dan cuenta del uso de la imagen del alcalde. El total defraudado en esta materia habría sido de $1.100.000.

«El señor Marcelo Pereira ha participado de manera directa en la comisión del delito consumado de malversación de caudales públicos, pues maliciosamente y en conocimiento de los tipos penales señalados, ha intervenido de manera directa, instruyendo a sus subalternos a efectuar 3 traspasos de dineros en la suma de $6.595.009958, de cuentas destinas especialmente a las áreas de la educación y salud, para efectos de ser utilizados en gastos ordinarios de la gestión municipal, pagando con esos dineros, remuneraciones, viáticos, servicios de prestadores honorarios y proveedores, privilegios y beneficios personales para él y su equipo de confianza, como un inmueble en arriendo para uso del alcalde», decía una de las conclusiones de la querella criminal puesta en la jornada de día martes.

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