La comisión investigadora del Papaya Gate en la Cámara de Diputados sigue avanzando, nuevamente estuvieron los seremis de Desarrollo Social y Bienes Nacionales, quienes expusieron más detalles de la compra del terreno por $ 9.800 millones. Para la próxima sesion están convocados el Secretario Comunal de Planificación (Secplan) de la municipalidad de la Serena, Sergio Rojas, y el ex administrador regional Cristian Morales.
La comisión investigadora del Papaya Gate volvió a sesionar en la tarde de este lunes, en donde se volvieron a citar, para que continúen con la presentación realizada en la sesión anterior, a la seremi de Bienes Nacionales, Giannina González, y al seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Telias.
Si bien se había reiterado la invitación a la ex intendenta Lucía Pinto Ramírez y al ex administrador regional, José Cáceres Rojas, este último respondió que desistía, ya que no funcionario público. Mientras que de la ex jefa regional no hubo respuesta.
Ya en la comisión, el primero en responder fue el seremi de Desarrollo Social, Marcelo Telias, quien fue consultado por la rápida asignación de Rentabilidad Social (RS) que tuvo el proyecto deportivo San Ramón, en primer lugar confirma que no recibió presiones ni llamados para que se aprobara la iniciativa.
«Parto por explicar que el gobierno regional es la unidad financiera, y en este caso la municipalidad tendría que ser el formulador y nosotros somos revisores del proyecto. Nosotros no le colocamos el monto a los proyectos, sino que viene ya establecido en la solicitud que genera el gobierno regional, no pasa por la seremía el monto o indicar si corresponde o no»
En relación a la rapidez, comenta que «claro que sí, un claro ejemplo fue el consistorial de la misma municipalidad de La Serena, donde en la etapa de diseño los proyectos vienen con un terreno preestablecido, que es el que se tiene que trabar y viene con un monto determinado».
«La evaluación financiera no la hacemos nosotros, viene en este caso del mismo gobierno regional, que ponen los recursos para ejecutar los proyectos, nosotros revisamos y hacemos la rentabilidad social, en donde se mide el impacto en la sociedad, la población que se beneficia y a cuantos se aborda, y en eso nos basamos para aprobarlo», agrega.
Bienes Nacionales: «No es normal que se soliciten tasaciones de parte del gobierno regional»
La seremi de Bienes Nacionales, Giannina González, en cuanto a los valores referenciales, comenta que «con respecto a que sí hay precedentes anteriores, años antes hay un caso que se vio por la Casa de Las Palmeras, en donde se pidió lo mismo de parte del gobierno regional, pero no es un caso que se solicite con formalidad y normalidad».
«Siempre al Ministerio se le piden tasaciones y debemos hacerlo a lo que ingresa a la propiedad fiscal y en el caso que algún servicio quiera enajenar algún inmueble que lo administren, y esa es función del Ministerio». Y agrega que «nosotros de manera voluntaria podríamos asumir una tasación que no entraría al fisco, pero siempre por un tema voluntario, pero dentro de nuestro manual de tasación no lo tomamos como una obligación».
Agrega además que no recibió presiones y no las aceptaría.
Diputado Marcelo Díaz: «Creo que estamos frente a un fraude al fisco…»
Durante su turno de preguntas, Marcelo Díaz, ex diputado de la región y ahora por Valparaíso, sostiene que «no logro entender y quiero saber cómo se justifica la Rentabilidad Social ‘express’…».
En la instancia dio el ejemplo de cuando era gobernador por el Elqui y conoció un caso que se demoró años en obtener la rentabilidad social, en lo que señala que «creo que estamos frente a un fraude al fisco… fui gobernador y sé lo que cuesta sacar la rentabilidad social».
Próximos invitados
La comisión acordó para la próxima sesión invitar a Sergio Rojas, jefe Secplan del municipio de La Serena, y a Cristian Morales, ex administrador regional durante el 2019. Se espera que para más adelante se convoque a Sara Contreras, ex jefa de gabinete de Lucía Pinto y actual seremi de Justicia.
La Fiscalía
En tanto, paralelamente la Fiscalía investiga presunto fraude al fisco por $ 9.800 millones en Intendencia de Coquimbo, por la compra de terrenos en cuyo trámite no hubo Toma de Razón de Contraloría, porque no fueron presentadas las carpetas correspondientes, aun cuando sí hubo otros intentos anteriores de obtener esa aprobación, pero tuvieron sucesivos rechazos de forma y de fondo.
El caso, se recordará, estalló públicamente en septiembre de 2020, y entre otras consecuencias políticas estuvo la renuncia de la Intendenta Lucía Pinto, UDI, y de varios funcionarios.
