El proyecto minero portuario Dominga, controlado por Andes Iron, pasó de estar «rechazado» a «en calificación» en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, esto luego que el organismo resolviera hacer efectivo el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó retrotraer la iniciativa previo al rechazo del ex intendente Claudio Ibáñez, en marzo del 2017.
Fue en 2017, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva), como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, controlado por Andes Iron, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la Corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.
La iniciativa, tras un largo camino judicial, volvió al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en marzo del año pasado, hasta que en abril del 2021, la corte especializada fallara en favor de Andes Iron, ordenando que se retrotraiga previo al rechazo de la Coeva, en aquel entonces presidida por el ex intendente Claudio Ibáñez.
Ahora, mediante una resolución exenta, el Servicio de Evaluación Ambiental, resolvió retrotraer el proceso de evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Dominga, del titular Andes Iron SpA, hasta el día 173 del procedimiento de evaluación ambiental.
Vale decir, posterior a la visación del Informe Consolidado de Evaluación emitido con fecha 24 de febrero de 2017, reactivándose el proceso de evaluación a contar del día hábil siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución.
Conforme a lo resuelto, quedan sin efecto todas las actuaciones posteriores a las visaciones al Informe Consolidado de Evaluación, incluyendo la sesión de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo de fecha 9 de marzo de 2017, en donde fue rechazado el proyecto por el ex intendente Ibáñez y posteriormente por el Comité de Ministros.
Ahora, será el delegado presidencial, Pablo Herman, quien deberá convocar a la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, que la integran, aparte de él, 10 seremis más la directora del SEA.