La Contraloría regional notificó de esta situación a la primera autoridad debido al mal uso de vehículo fiscal por el que fue acusada. Cabe destacar que Krist Naranjo tiene hasta el 29 de agosto para apelar ante el contralor regional, Hugo Segovia, a la que podría sumarse otra instancia ante el contralor general. Los consejeros regionales se mostraron conformes ante esta notificación, que sólo se puede hacer efectiva si la gobernadora pierde en última instancia ante la Corte Suprema.
Una noticia que remece al Gobierno Regional es la que se conoció ayer, primero de manera extraoficial y luego se ratificó. Se trata de la suspensión de la gobernadora Krist Naranjo de su cargo por tres meses, notificación realizada por la Contraloría la mañana del martes.
Esto como sanción en el contexto de la investigación sumaria llevada adelante en su contra por mal uso de vehículo fiscal, relacionada con las acciones a las que habría inducido a su ex chofer, Eduardo Torres, como llevar a su hijo a la universidad o realizar compras en un centro comercial.
Además de la suspensión misma, la gobernadora fue sancionada con un 50% menos de su sueldo durante ese período de tiempo.
SE PUEDE
DEFENDER
Sin embargo, Naranjo tiene alternativas de apelación, pues tiene hasta el 29 de agosto para hacerlo ante el contralor regional, Hugo Segovia. Eventualmente podría ir por una segunda apelación, por medio de un recurso jerárquico ante el contralor general.
Si bien la gobernadora y su círculo cercano estaban al tanto de esta situación, quienes no sabían hasta horas de la tarde de ayer eran los consejeros regionales, que paulatinamente se fueron enterando, en medio de la sesión del CORE, de esta notificación inédita llevada adelante por la Contraloría.
REACCIONES
La consejera Paola Cortés, presidenta de la Comisión de Régimen Interno, estando en pleno Consejo Regional, «hemos recibido una muy buena noticia, que es la suspensión de la gobernadora. Creemos que este es un muy buen antecedente, porque ayuda en materia de la transparencia que debemos tener con la comunidad. Somos elegidos democráticamente y debemos cumplir como todos, cuidando los recursos fiscales».
Javier Vega, presidente de la Comisión de Presupuesto, aseveró que «es una noticia que estábamos hace bastante tiempo esperando con el cuerpo colegiado, desde que asumimos la responsabilidad de dar a conocer a la comunidad la mala gestión que ha tenido la gobernadora. Se está haciendo justicia en una primera instancia, porque el lunes fuimos a hablar con el contralor sobre otras irregularidades, por eso es que tomamos esto con una visión positiva, ejerciendo nuestro rol de fiscalizadores».
El consejero Cristian Rondanelli también se sumó a esta satisfacción. «Una buena noticia nos ha dado la Contraloría al notificar de tres meses de suspensión a la gobernadora por mal uso del vehículo fiscal, y esto es un llamado de atención, pues cuando uno se desempeña en el mundo público tiene que apegarse a la normativa, y eso es lo fundamental del pronunciamiento de Contraloría. Acá se ratifica lo que hemos señalado en nuestra acusación al Tribunal Electoral y hoy sienta un precedente para todo lo que viene a posteriori en las causas que estamos ejecutando».
Ximena Ampuero destacó que «esto nos da la certeza que la Comisión de Investigación y la denuncia hacia el Tricel van en el camino que nosotros hemos planteado como ente fiscalizador. Por esto la justicia está hablando por sí sola».
En tanto, el consejero Lombardo Toledo acotó que «es un capítulo de esta gobernanza que no queríamos que ocurriera, porque a la comunidad le interesa la gestión, el trabajo y las obras, como son los embalses, empleo y conectividad. Las instituciones tienen que funcionar y estamos expectantes al devenir de nuestra región».
LA RESPUESTA
El abogado particular de la gobernadora, Isidro Solís, quien además fue ministro de Justicia, se refirió al dictamen de Contraloría. «Desde el punto de vista administrativo y legal, significa que la Contraloría Regional ha tomado una decisión que todavía es susceptible de recursos, recurriendo ante la propia Contraloría por la vía de la reposición y además se puede apelar ante la Corte Suprema. Así buscaremos establecer la verdad de cómo ocurrieron los hechos. Creemos que esta es una sanción desproporcionada».
Por otra parte, Solís tiene la convicción de que «la utilización que hizo la gobernadora del auto fiscal está en los parámetros del uso cotidiano de los bienes públicos. Creemos que la sanción no corresponde».
El jurista destacó que «la suspensión empieza a operar desde que esté afinada. Es decir, que no quede ningún recurso pendiente, y eso ocurre al día siguiente que la Corte Suprema tome su decisión. Lo que nosotros hemos sostenido y lo seguiremos haciendo, es que no hay un mal uso de bienes públicos y presentaremos los recursos ante las autoridades que correspondan».
¿QUÉ SUCEDERÍA CON LA SUBROGANCIA?
La abogada y académica de la UCEN Región de Coquimbo, María-José Lira Martí, acotó que la suspensión de la gobernadora no se ejecutará inmediatamente, «eso todavía no va a ocurrir. Supongamos que ante la Corte Suprema le va mal y se confirma su sanción, como son más de 45 días, el Consejo Regional tendría que convocarse a una sesión especial para elegir de entre sus miembros a un gobernador suplente por el período que dure esta incapacidad temporal de ejercer el cargo, eligiendo con una mayoría absoluta».
Agregó que «si en primera votación nadie obtiene esa mayoría, de debe elegir entre las dos mayorías relativas para definir quién se queda con el puesto. Si no se logran los quorum, se cita a una segunda sesión, y si esto prosigue y tampoco se logra en una tercera, asumirá el consejero regional que obtuvo la mayor cantidad de sufragios en la última elección», finalizó.
