Luego de reiteradas protestas en la carretera, los vecinos de El Rosario, quienes han señalado que se verían afectados por el cambio de trazado de la línea de transmisión de Eletrans III, ficharon a Juan Molina, conocido abogado ambientalista, y pedirán que se anule la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto y buscarán incluir la participación ciudadana tras modificación del trazado.
Un grupo de vecinos del sector de El Rosario en el valle del Elqui, junto con Juan Molina, abogado del estudio jurídico MRS Ambiental, quien tiene participación en la causa de Cardones Polpaico y últimamente en el proyecto Dominga, se dieron cita en las dependencias del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para pedir la nulidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
En entrevista con LA REGIÓN, el jurista señala que se están haciendo parte en la reclamación contra la Resolución de Calificación Ambiental, «estamos haciendo reserva de acciones para pedir su nulidad, porque nosotros sostenemos que durante el proceso de evaluación ambiental el titular modificó el trazado de la línea, y al cambiarlo surge una obligación legal de proceder a una reapertura en la participación ciudadana, para que no ocurra lo que está pasando».
«Los vecinos nunca han podido presentar observaciones ciudadanas y valer sus derechos en el proceso de evaluación ambiental, porque simplemente, para efectos del evaluador ambiental, no existen», agrega.
Enfatiza en que pedirán que se declare la nulidad de la evaluación ambiental y que se retrotraiga todo el proceso al momento de evaluar válidamente los actos de esta línea de alta tensión en la comunidad de El Rosario, quienes se verían afectados.
«Se fue modificando el trazado de la línea y el Servicio de Evaluación Ambiental tiene la obligación de, cuando se producen estas modificaciones, reabrir la participación ciudadana, porque esa es la única posibilidad que tienen las personas de presentar sus observaciones al proyecto, y si posteriormente no son consideradas, se pueden llevar a la justicia», sostiene.
Agrega que «en este momento la gente ha quedado en la indefensión, porque no existen para la evaluación ambiental, y esto es una práctica común en estos procesos, pero la jurisprudencia en los tribuales está bien firme al respecto en donde las modificaciones sustantivas, que se llaman, como es cambiar por donde va el trazado, tienen que ser sometidas a participación ciudadana y eso no ha ocurrido, eso es lo que estamos alegando».
Consultado si acudirán a instancias superiores como el Tribunal Ambiental, explica que «tenemos que lograr primero que se invalide la RCA, y esa determinación, sea a favor o en contra, es la que nosotros podríamos llevar al Tribunal Ambiental, pero antes debemos agotar la vía administrativa, que es una de las paradojas de la justicia ambiental de este país, pero estamos abriendo el camino para llegar allá».
Molina relata que de la forma en que se ha desarrollado el caso las expectativas son altas, «creemos que el Servicio de Evaluación Ambiental debería anular la RCA, aparte que la línea no se ha construido pero están en este momento presionando a los vecinos sobre todo a quienes se proyectan las torres en sus terrenos, en donde probablemente le ofrezcan dinero y que no inicien las acciones legales, pero la comunidad está bien unida».
«Nosotros no nos oponemos al progreso ni la gente tampoco, estamos pidiendo que se cumpla la ley, que se evalué ambientalmente el lugar y que en caso que es intervención sea legal y se permita, que vaya con medidas de mitigación y compensación a los vecinos de los impactos que va a generar este proyecto» añade.
Molina también se ha reunido con la comunidad de Altovalsol, en donde señala que les ha ido bien, «la Superintendencia de Medio Ambiente le aplicó a Cardones Polpaico una multa de 2 millones de dólares, que es una línea distinta, es el doble de grande, ellos apelaron y la SMA les contestó, señalando que los cargos que habían formulado estaban totalmente ajustados a derecho y le pidió al tribunal que apurara la resolución de esta materia para hacer efectiva las sanciones de Cardones».
