Desde el mediodía, en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, tendrá lugar la instancia donde se conocerá la responsabilidad penal de los soldados conscriptos y el capitán a cargo de la unidad que participó en los disparos que terminaron con la vida de Romario Veloz y dejaron con graves lesiones a César Véliz y a Rolando Robledo, a casi cuatro años de los lamentables acontecimientos.
Casi cinco semanas después del inicio del prolongado juicio oral por el «Caso Romario», en el contexto de los hechos que costaron la vida del joven ecuatoriano Romario Veloz y dejaron graves secuelas en Rolando Robledo y César Véliz, la luz al final del túnel está a punto de llegar. Tras una intensa deliberación de las partes intervinientes, en las jornadas del lunes y de ayer tuvieron lugar los alegatos de clausura, en el marco de los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2020 a un costado del Mall Plaza La Serena, donde soldados conscriptos procedieron a disparar una ráfaga de fogueo y luego lo hicieron con balas de guerra, todo en el marco de las manifestaciones durante el estallido social.
Todo esto, a las puertas de un veredicto que tendrá lugar hoy desde las 12:00 horas y determinará los delitos que se cometieron en aquella jornada y las responsabilidades de los diferentes actores castrenses. En ese sentido, las diferentes partes hicieron sus reflexiones de cara a una instancia que sin duda podría marcar un precedente histórico.
LA PRUEBA, FACTOR CLAVE
El fiscal regional, Adrián Vega, aseguró que «nosotros presentamos toda la prueba que se generó durante la investigación. Se trató de prueba pericial que se basaba en evidencia material y audiovisual, además de pruebas planimétricas y coordinación de videos de lo sucedido en esa jornada. A nuestro juicio, es suficiente para adjudicar responsabilidad a los autores materiales y al capitán José Faúndez por ordenar los disparos. En ese contexto, la Fiscalía estima que existe mérito suficiente para arribar a condena y así establecer hechos en que agentes del Estado no cumplieron con las normas que regulaban su actuar».
Dentro de esas reglas básicas, el persecutor sostuvo que «no se debe apuntar a las personas, aun cuando las municiones iniciales eran a fogueo. Luego el capitán insistió que se siguiera con munición de guerra, resultando caído primero Rolando (Robledo). Siete minutos después se ordenó una nueva ráfaga, donde muere Romario (Veloz) y es herido de gravedad César Véliz».
El fiscal Vega aseguró que «estas situaciones son apremios ilegítimos y fueron in crescendo en el sitio del suceso. Las responsabilidades están en el capitán a cargo, dos soldados conscriptos y un suboficial, cabo de planta. Es un trágico recuerdo lo que sucedió esa tarde, ya que de modo desproporcionado un funcionario público ejecutó una acción, resultando con gente herida y muerta».
EVIDENCIA SUFICIENTE
La abogada querellante, Adriana Rojas, se sumó a las visiones del Ministerio Público. «Tras el término de este proceso, estamos sin duda muy expectantes. Los alegatos de clausura fueron muy importantes para dar cuenta de todos los hitos de prueba y los elementos de derecho que creemos relevantes. Aguardamos que esto quede plasmado en una sentencia y en una condena que esté a la altura de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que expusimos en nuestros alegatos de apertura».
Sobre el veredicto propiamente tal, la jurista señaló que no le corresponde referirse más allá, pero está convencida de que «la prueba presentada es más que contundente para acreditar la participación de los imputados en los hechos ocurridos. Esto sin olvidar que hemos estado en todo momento acompañando a las víctimas».
DISCUTEN PARTE DE LA PRUEBA
Uno de los abogados defensores, Marcos Romero, salió al paso de los argumentos de la Fiscalía y la parte querellante. «Creo que hay falencia investigativa en la prueba. Pienso que hubo una investigación forzada y que considero debe terminar con una resolución de carácter objetiva. Desgraciadamente, va a quedar una situación de amargura para algunas de las partes, pues creo que algunos de los involucrados son inocentes».
Sobre la posibilidad de disminuir las eventuales condenas, el jurisconsulto aseguró que «cuando el sustento del Ministerio Público y de los querellantes se basa en un informe de un perito que establecía análisis de luminosidad en fotografías que se tomaron dos segundos después para determinar la ubicación de las personas, ya demuestra que hay una falencia de origen en el análisis que se está haciendo para determinar una posible participación», finalizó.