Los últimos hechos registrados en Las Compañías, en La Serena, dejan de manifiesto la triste estadística con la que cuenta la región, superando los crímenes del año pasado.
La comuna de La Serena, especialmente el sector de Las Compañías, sumó dos nuevos episodios de violencia extrema y tragedia, que elevaron a 42 la cantidad de asesinatos acumulados en lo que va de este 2022, siete más que las víctimas de homicidios registradas el año pasado.
Con diferencia de pocas horas, la primera desgracia sucedió el domingo en calle Santo Domingo con Valparaíso, cerca de las 14 horas. Si bien la persona ingresó fallecida al hospital de La Serena con una herida cortante en la parte superior del brazo izquierdo, la causa precisa determinada por el Servicio Médico Legal no tendría relación con dicha lesión.
Y la segunda la madrugada del día lunes, en un sitio eriazo ubicado en calle Ecuador, cuando el hoy imputado atacó con un cuchillo carnicero a la víctima, provocándole la muerte por una herida cortopunzante torácica posterior en momentos en que caminaba junto a su pareja. La principal hipótesis es que el autor del homicidio habría atacado por celos.
Hechos que no hacen más que dejar en evidencia la realidad que vive la región, especialmente la conurbación.
«Tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos está pasando como comunidad, que cada vez estamos menos tolerantes, más agresivos, con mayor predisposición a causar daño, y eso tiene que ver, quizás, con muchos factores, porque no podemos estar analizando el caso a caso, son particularidades que están siendo investigadas, pero es presumible pensar que puede tener que ver con una sociedad que está cada vez más proclive a la violencia, pero nosotros no lo vamos a validar desde ningún punto de vista», señaló el delegado presidencial Rubén Quezada.
Agregó que «debemos hacer un trabajo más profundo como sociedad para ver qué está pasando: porque estamos más agresivos, menos tolerantes y más arriesgados».
Desde el parlamento, el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida lamentó las estadísticas, no sólo de la región, sino también por lo que está viviendo el país.
«La situación es preocupante, pues el gobierno no reacciona frente a los números que tenemos en materia de seguridad. Hoy a la fecha tenemos un homicidio cada 12 horas y un robo cada 2 minutos, entonces son cifras impactantes, y vemos que el gobierno lamentablemente no hace nada. Acá se tiene que reaccionar con urgencia, en el caso particular de los diputados, alcaldes y senadores de Chile Vamos, desde principios de julio que estamos poniendo en alerta de esta situación al gobierno pero no hemos tenido respuesta, no hemos tenido reacción y las cifras continúan al alza».
Añadió que en el país se requiere «una agenda corta que permita reformular nuestro sistema procesal penal, donde se establezca la protección a testigos, nuevas técnicas investigativas para los fiscales y que tengan más atribuciones para investigar, así como también la tipificación de nuevos delitos que hoy no están contemplados en la legislación y que se aplican por analogías, como el crimen organizado y el sicariato, así como también a ciertos delitos que afectan a funcionarios de las policías, de gendarmería o funcionarios públicos con sus familias».
En esa línea, «debe legislarse respecto de los beneficios carcelarios a los cuales pueden optar las personas que cometen este tipo de delitos, debido a que las cifras, que son preocupantes, son consecuencia del crimen organizado, de esta delincuencia violenta y de la migración ilegal…».
Sesenta días
Este martes se realizó la audiencia de formalización por el crimen de este lunes, en que se ordenó el ingreso de Y.M.D.T. al Complejo Penitenciario de Huachalalume y se fijó en 60 días el plazo de investigación.
«Por lo menos, por ahora, no hay antecedentes que permitan señalar que estaríamos en presencia de un homicidio calificado, pero de igual manera el homicidio simple tiene una pena asignada de crimen que parte de 10 años y un día hacia arriba. Lo anterior es una de las tesis de la hipótesis peligrosista contemplada en el artículo 140, en que el tribunal debe tomar en cuenta la pena asignada al delito para estimar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad», agregó el magistrado Carlos Jorquera.
