Sin embargo, Contraloría de Los Ríos informó sobre el materia que Gores no tendrían atribuciones para negociar términos anticipados.
La situación se acrecienta en nuestra región ante la posibilidad de que se sumen nuevas causas, por lo que las cifras podrían elevarse sobre los $ 150 millones. Se ha pagado entre 5 y 20 millones por cada caso acordado.
Rodrigo Solís A.
Tras conocerse del cese de las funciones del a estas alturas ex jefe de Comunicaciones del Gobierno Regional, José Vergara, se ratificó que llevará adelante acciones legales al considerar que el término de su contrata no se justifica. Cabe destacar que se le avisó del término de su relación laboral mientras se encontraba con licencia médica, aunque se le notificó en noviembre de la continuidad de su contrata.
Posteriormente se le comunicó mediante un oficio de que su relación con el Gore llegaba hasta el 31 de diciembre, pero éste se le hizo llegar por correo electrónico el 19 de enero.
El caso de Vergara se suma a decenas que han pasado por situaciones similares, donde en muchos casos se ha llegado a acuerdos con los afectados y afectadas, en algunas oportunidades de manera muy rápida para evitar llegar a instancias en los tribunales de justicia.
Según fuentes consultadas por La Región, los montos que se han cancelado durante la gestión de Krist Naranjo llegan, a diciembre de 2023, a $ 102.136.000.
Haciendo el desglose, seis de estos pagos tuvieron lugar durante 2022, por los siguientes montos: 13, 11, 5, 8 y 20 millones. En el 2023, hubo dos pagos por 20 millones, otro por 15 millones y otro por 10.
De acuerdo a voces cercanas al Gore, esto sería prueba de una «mala utilización y poco sentido del cuidado de los recursos públicos», considerando que en muchos casos se ha llegado a estos acuerdos, justificados o no, con bastante premura.
PRECEDENTE
INTERESANTE
El 18 de enero de este año, la Contraloría Regional de Los Ríos emitió un documento dirigido al gobernador de esa zona, Luis Cuvertino, donde se señala expresamente que «los Gobiernos Regionales se encuentran impedidos de celebrar transacciones al no estar contemplada dicha atribución de manera expresa en el ordenamiento jurídico», y por lo tanto «aplicando el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, cabe concluir que los GORE se encuentran impedidos de suscribir contratos de transacción».
Bajo esa premisa, no les estaría permitido llegar a acuerdos como los antes consignados en esta nota periodística. Al respecto, el consejero Javier Vega acotó que «si hubiese situaciones cuestionables, ese dinero debería reponerse, porque son fondos públicos, y además debería producirse un juicio de cuentas. Nosotros hemos pedido mayor precisión en los antecedentes y el detalle de esos montos pagados, pero nadie nos quiere entregar esa información. Además, no hay Unidad de Control ni tampoco auditoría interna en el Gobierno Regional».
Por su parte, el consejero Cristian Rondanelli subrayó que «cuando el Gobierno Regional incurre en pagos de demandas por despidos injustificados, o llega a acuerdos, es lamentable, porque se están utilizando recursos que son de la región y no de parte de quien genera estas desvinculaciones, que es la gobernadora regional».
TRANSPARENTANDO
LOS PAGOS
La diputada Carolina Tello (PC) ha solicitado que la información sobre estos pagos se transparente. «En noviembre, tras tomar conocimiento de las denuncias realizadas por funcionarios del Gore relativas al pago de indemnizaciones por casos de acoso laboral al interior del Gobierno Regional, oficiamos tanto al Gobierno Regional como a Contraloría a fin de conocer los antecedentes de dichas denuncias».
La parlamentaria agregó que «hablamos de un tema complejo, toda vez que debemos erradicar prácticas laborales que vulneren derechos y además cautelar por el buen el uso de los recursos fiscales», señaló la congresista.