Dirigentes sociales, participantes de las movilizaciones y representantes políticos revisan las demandas que impulsaron las protestas de 2019, los cambios pendientes y las distintas interpretaciones sobre la violencia que marcó aquellos días.
Por: Bastián Álvarez Pardo
A siete años del estallido social de octubre de 2019, las demandas por una mejor salud, educación, empleos dignos y acceso a la vivienda siguen presentes en el debate público, mientras persisten las diferencias sobre el significado y las consecuencias de las movilizaciones.
Una encuesta del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), publicada este viernes 16 de octubre, muestra que un 64% de los consultados considera que el estallido tuvo consecuencias negativas para el país. Sin embargo, la proporción que considera las protestas como una manifestación válida aumentó del 38% en 2024 al 49% en 2026.
Los resultados reflejan que, a siete años de las movilizaciones, sus demandas, los cambios pendientes y la violencia registrada durante aquellos días continúan alimentando distintas interpretaciones.
¿Hemos avanzado?
Para quienes participaron en las manifestaciones, una de las principales lecciones fue la capacidad de organización ciudadana frente a problemas compartidos. Otros, en cambio, ponen el acento en la violencia y sus efectos sobre la convivencia democrática.
Juan Rojas Palma, sociólogo y autor del libro «Brevísimas Voces en Contingencia», escrito a propósito del levantamiento popular en La Serena, plantea que «para las grandes mayorías, los gobiernos que han asumido en los últimos 10 años están en deuda».
El profesional plantea que una de las grandes demandas que impulsó el movimiento de octubre de 2019 fue exigir al Gobierno de Sebastián Piñera priorizar las necesidades más sentidas por la ciudadanía, como la salud, la educación y el trabajo.
Sin embargo, a siete años de la rebelión, los resultados no son tan visibles. Como señala Rojas, «el gobierno de José Antonio Kast ha hecho recortes presupuestarios en los ministerios más sensibles. Si uno mira retrospectivamente estos siete años, los gobiernos quedan en deuda con las demandas más sentidas».
Olga Valenzuela, encargada del grupo de médicos y rescatistas voluntarios Cascos Rojos, dedicado a prestar primeros auxilios a los manifestantes, rememora que «el 18 de octubre fue un levantamiento social, donde toda la gente se unió por un fin común. No podemos decir si se lograron los objetivos o no se lograron, pero sí hubo logros sociales, como el surgimiento de organizaciones de derechos humanos y ollas comunes».
Valenzuela destaca el rol fundamental de los jóvenes, que se movilizaron para exigir un futuro mejor y señala que la principal lección fue que «si luchamos todos juntos, un Chile mejor puede existir y va a renacer».
«No estábamos
preparados»
Sin desconocer que las demandas ciudadanas plasmadas en octubre de 2019 son completamente válidas y siguen vigentes y que el descontento acumulado por años en la sociedad chilena fue el que motivó las masivas marchas, aún resuenan los ecos de un movimiento que también se manifestó con violencia y destrucción en las calles.
Ignacio Pinto, en ese entonces, SEREMI de Gobierno de la Región de Coquimbo, recuerda los primeros días del estallido social de octubre de 2019.
«El sábado 19 nos reunimos en la Intendencia, porque se había solicitado a todas las regiones coordinarse ante la posibilidad de ataques o situaciones que pudieran desbordarse. Participaron Carabineros, la PDI y algunos seremis vinculados con la infraestructura crítica. Hasta ese momento, los reportes indicaban que había total normalidad en la región».
La violencia y el
desconcierto
Sin embargo, durante la noche del sábado aumentó la violencia, comenzaron los saqueos y se registraron hechos de mayor descontrol. En ese contexto, al día siguiente, el Gobierno decretó estado de excepción constitucional en distintas zonas del país, incluida la Región de Coquimbo.
«Fue un momento de mucha tensión, sorpresa y desconcierto. No estábamos acostumbrados a ver esos niveles de violencia en la región. Aunque observábamos lo que sucedía en Santiago, todavía lo sentíamos lejano y pensábamos que aquí no se repetiría de esa manera. No estábamos preparados para enfrentar una situación de esas características», narra el ex SEREMI.
Sensación de indignación
Alfonso Navarro, presidente regional del Partido Nacional Libertario (PNL), plantea que «por mi parte, yo estaba tremendamente descontento con el gobierno de Piñera, al igual que una parte muy importante de la población. Él prometió tiempos mejores y, para muchos, eso significó que iba a retrotraer o arreglar la reforma tributaria de Bachelet, que estancó el crecimiento de Chile».
Ese hecho, sumado a la llegada de miles de migrantes desde Haití y Venezuela, generó un sentimiento de descontento y malestar generalizado. «Fue un clamor generalizado, pero después descubrimos que fue por razones extremadamente distintas. El 18 de octubre había muchos enojados por Piñera, pero por razones completamente opuestas a las de la izquierda», planteó Navarro.
La hipótesis de la desestabilización
Para algunos de los entrevistados, la violencia y el descontrol en las calles terminaron desplazando las demandas sociales y alimentaron la percepción de que existía un intento por desestabilizar al gobierno.
