Luego de tres años de tramitación judicial, la Corte Suprema ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones de Concepción, la que falló en contra de la Inmobiliaria Río Huequén Ltda. y a la constructora Socovil, al estimar que tienen responsabilidad en el colapso del edificio Alto Río durante el terremoto del 27 de febrero de 2010. A raíz del derrumbe de la edificación murieron ocho personas.
El dictamen del máximo tribunal, que rechazó los recursos de casación presentados por las empresas, confirmó la decisión de que las empresas tendrán que pagar, de manera solidaria, una indemnización por daño moral correspondiente a $ 300 millones.
De esta suma, $ 150 millones serán entregados a Marcelo González Sazo, quien vio cómo su esposa, Paola Herrera Pavez, y su hijo de nueve meses, Vicente González Herrera, fallecieron aplastados. Olga Pavez Navarro, madre de la víctima y abuela del infante, debe recibir la misma cantidad por el detrimento vivido luego de la caída del inmueble. Los magistrados estimaron que los jueces de la Corte de Apelaciones “han dado correcta aplicación al derecho” al decretar la indemnización. En ese entonces, la Corte de Apelaciones de Concepción argumentó: “Los constructores son responsables por las fallas, errores o defectos en la construcción”.
Además, ponderaron los informes emanados por el Idiem y el hecho de que el edificio Civic, que se encontraba a metros de Alto Río, no cayó con el sismo, acreditando una falla en la construcción.
Marcelo Villena, abogado de los demandantes, mostró su satisfacción por lo resuelto por la Suprema.